14 de April de 2026
Edición 7433
Próxima Actualización: 15/04/2026
El Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Corrientes aprobó mediante Acuerdo Nº 09/26 el protocolo que regula la instalación y el uso de sistemas de videovigilancia en las oficinas judiciales del fuero penal.
La medida, adoptada este martes, busca fortalecer la seguridad institucional y la transparencia en uno de los ámbitos más sensibles del sistema acusatorio adversarial que rige en Corrientes desde la sanción de la Ley 6.518.
“Las imágenes tendrán carácter reservado y solo podrán utilizarse por razones de seguridad institucional, por requerimiento de autoridad competente o en el marco de investigaciones. Su difusión sin autorización está prohibida”, aclaró el organismo.
Estas oficinas, creadas en el marco de la reforma procesal penal, concentran tareas clave como la recepción de denuncias, la gestión de legajos, la organización de audiencias, notificaciones y el seguimiento de medidas cautelares.
Hasta ahora, su funcionamiento dependía principalmente de protocolos administrativos y de seguridad física; con este acuerdo, se incorpora de manera reglada el componente tecnológico de videovigilancia.
El protocolo define aspectos operativos fundamentales, tales como la ubicación de los dispositivos, los horarios de grabación, el almacenamiento de las imágenes, los plazos de conservación y los mecanismos de acceso autorizado a las grabaciones.
Se prioriza, además, el resguardo de la intimidad y los datos personales de magistrados, funcionarios, abogados, víctimas y usuarios en general, en línea con las exigencias constitucionales y las normativas nacionales de protección de datos personales.
El STJ detalló que el sistema contará con un centro de monitoreo activo, almacenamiento seguro y control de accesos. También se designará un responsable encargado de supervisar su funcionamiento y actuar ante situaciones de riesgo.
“Las imágenes tendrán carácter reservado y solo podrán utilizarse por razones de seguridad institucional, por requerimiento de autoridad competente o en el marco de investigaciones. Su difusión sin autorización está prohibida”, aclaró el organismo.
La colocación de cámaras deberá responder a un análisis previo de riesgo, teniendo en cuenta el flujo de personas, antecedentes de incidentes y puntos críticos de seguridad.
Además, será obligatoria la colocación de carteles visibles que informen a quienes ingresan a los espacios que están siendo grabados por razones de seguridad.