Jueces: Ni likes ni regalos

La Comisión de Reglamentación del Consejo de la Magistratura de la Nación aprobó por unanimidad el nuevo Código de Ética para los magistrados del Poder Judicial de la Nación, en un texto que busca unificar criterios de conducta y actualizar principios dispersos en distintas normas.

Según se informó, el documento fue elaborado con una “mirada amplia y de consensos”, basada en el trabajo conjunto de todos los estamentos, y alineada con estándares internacionales y regionales. El objetivo declarado es fortalecer la confianza pública, la transparencia institucional y la calidad del servicio de justicia.

El Código establece que el ejercicio de la magistratura exige estándares de conducta “más altos” por tratarse de una función pública y apunta a reforzar principios como la independencia, la imparcialidad, la seguridad jurídica y el buen servicio de justicia. La normativa será aplicable a los magistrados del Poder Judicial de la Nación, con excepción de la Corte Suprema de Justicia, que cuenta con un régimen propio.

Entre los principios incluidos en el texto aparecen la independencia, la imparcialidad y objetividad, la responsabilidad institucional, la cordialidad y buena fe, la motivación de las decisiones y el lenguaje claro, la perspectiva de género, la atención a sectores vulnerables, la capacitación permanente y la lealtad y secreto profesional.

Vale aclarar que el texto aprobado aclara tendrá una función preventiva, pedagógica y orientativa, sin carácter sancionatorio por sí mismo.

El Código también regula situaciones específicas vinculadas a la actividad cotidiana de los jueces. Entre otras cuestiones, prohíbe recibir regalos o beneficios de litigantes o terceros, establece limitaciones a las conversaciones privadas con partes involucradas en expedientes y fija pautas de prudencia en vínculos personales y exposición pública.

Además, incorpora criterios sobre uso responsable de tecnologías y redes sociales, protección de datos personales, participación transparente en eventos y obligación de conservar bienes públicos y asistir a los tribunales. Vale aclarar que el texto aprobado aclara tendrá una función preventiva, pedagógica y orientativa, sin carácter sancionatorio por sí mismo.

Finalmente, se prevé una revisión periódica de sus contenidos para incorporar nuevos desafíos vinculados al avance tecnológico, las redes sociales y los cambios en las demandas sociales.