El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) promovió una acción colectiva de amparo contra el Estado Nacional para que se declare la inconstitucionalidad de aspectos centrales de la reciente reforma laboral, al considerar que afectan directamente el ejercicio profesional de los matriculados.
La presentación fue impulsada por el presidente de la entidad, Ricardo Gil Lavedra, con el patrocinio letrado de la coordinadora Legal y Técnica, Alejandra García: “La presente acción tiene por norte la declaración de inconstitucionalidad de los citados artículos de la Ley 27.802 en cuanto modificaron la Ley 20.744 en detrimento de los derechos de los abogados y abogadas, a fin de procurar la tutela jurisdiccional de los intereses colectivos representados por esta parte”.
Se trata de los artículos 10 y 56 de la Ley de Modernización Laboral (27.802) en cuanto modifican los artículos 20 y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo (20.744). El primero establece que “si de los antecedentes del proceso resultase pluspetición inexcusable, configurándose ésta de manera objetiva en caso de sobreestimación de los créditos reclamados, las costas deberán ser soportadas solidariamente entre la parte y el profesional actuante”.
A su vez, el segundo dispone que “las sentencias judiciales condenatorias de personas humanas y/o jurídicas cuando se trate de grandes empresas podrán ser canceladas en hasta un máximo de seis cuotas mensuales consecutivas, ajustadas conforme la pauta establecida en el artículo 276 de la presente ley. En el caso de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas la cancelación de las sentencias judiciales condenatorias de personas humanas y/o jurídicas podrán ser realizadas en hasta un máximo de doce cuotas mensuales consecutivas”.
Se suma a la causa “Colegio de Abogados de Villa María c/ EN s/ Medida Cautelar (Autónoma)”, impulsada por un grupo de 29 Colegios de Abogados de todo el país para frenar cambios en la Ley de Contrato de Trabajo que, según denuncian, afectan directamente el cobro de honorarios profesionales.
La normativa “es tachada de inconstitucional por vulnerar precisamente garantías consagradas por nuestra Carta Magna, así como por tratados internacionales de jerarquía constitucional, tuitivos del derecho a trabajar y ejercer toda industria lícita así como el derecho de propiedad, afectando además la garantía de igualdad ante la ley”, agrega la presentación.
También advierte que tales “afectaciones se proyectan sobre la totalidad de los justiciables en el fuero del Trabajo toda vez que la vulneración a la libertad y dignidad profesional menoscaba el derecho -asimismo constitucional- de acceso a la justicia y de peticionar ante las autoridades, al configurar verdaderos obstáculos en tanto suponen un cercenamiento ilegítimo al libre ejercicio de la profesión”.
Se suma a la causa “Colegio de Abogados de Villa María c/ EN s/ Medida Cautelar (Autónoma)”, impulsada por un grupo de 29 Colegios de Abogados de todo el país para frenar cambios en la Ley de Contrato de Trabajo que, según denuncian, afectan directamente el cobro de honorarios profesionales.
Tal como adelantó Diario Judicial, se solicitó el dictado de una medida cautelar para suspender los efectos de los artículos cuestionados hasta tanto se dicte sentencia definitiva. En paralelo tramita el expediente “Asociación Gremial de Abogados del Estado c/ EN - Orden del Dia 699/25 s/ Proceso de Conocimiento”, ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal 11, donde también se discute la constitucionalidad de la reforma.