El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) expresó su “profunda preocupación” por el proyecto de reforma laboral que tuvo media sanción en el Senado y será debatida en la Cámara de Diputados.
A través de una nota enviada al Jefe del Bloque La Libertad Avanza de la Cámara baja, Gabriel Bornoroni, la entidad presidida por Ricardo Gil Lavedra remarcó que las modificaciones podrían afectar directamente el ejercicio de la abogacía laboral y vulnerar principios constitucionales, en un contexto de tensiones por cambios en vacaciones, indemnizaciones y derechos sindicales impulsados por el Gobierno nacional.
El Colegio remarcó que de aprobarse ciertas medidas “no sólo impactan en el ejercicio independiente de la abogacía, sino también en la plena vigencia de los derechos y garantías constitucionales y en la preservación del Estado de Derecho”.
La nota resaltó también que cualquier reforma en materia laboral debe respetar el bloque de constitucionalidad federal y los compromisos internacionales de Argentina en derechos de los trabajadores.
En particular, los profesionales de la abogacía cuestionan las enmiendas a los artículos 20 y 277 de la Ley 20.744, conocida como Ley de Contrato de Trabajo.
El Colegio criticó “la incorporación de la figura de la “pluspetición inexcusable” con un criterio objetivo, que podría derivar en la responsabilidad solidaria del/de la letrado/a por el pago de costas ante supuestas sobreestimaciones de créditos reclamados”.
“La ambigüedad del concepto genera un riesgo patrimonial directo para quienes ejercen la defensa técnica de los derechos laborales y establece un trato diferencial respecto de otras ramas del derecho”, agregaron al respecto.
Por último, “manifestamos nuestra preocupación ante la posibilidad de habilitar el pago en cuotas de sentencias laborales, incluyendo créditos de naturaleza alimentaria y honorarios profesionales, lo que colocaría a trabajadores/as y abogados/as en una situación más gravosa que la de otros acreedores judiciales”, advirtió el CPACF.
El Colegio remarcó que de aprobarse ciertas medidas “no sólo impactan en el ejercicio independiente de la abogacía, sino también en la plena vigencia de los derechos y garantías constitucionales y en la preservación del Estado de Derecho”.