En el marco del debate legislativo por la reforma laboral que avanza en el Congreso, la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) publicó un comunicado expresando “su profunda preocupación y categórico rechazo a la incorporación del artículo 277 en la Ley de Contrato de Trabajo, que regula el pago en juicio y habilita la posibilidad de cuotificación del pago total de la condena en hasta doce cuotas mensuales de los honorarios profesionales”.
Para la FACA, la medida “implica una definición política que impacta de manera directa en la dignidad del ejercicio de la abogacía y en la efectiva vigencia del derecho de defensa”.
“Los honorarios profesionales poseen carácter alimentario y constituyen la legítima retribución por el trabajo realizado. Fragmentar su percepción equivale a desnaturalizar ese derecho y a colocar a la abogacía en una situación de precarización inadmisible”, remarcaron los abogados.
“Advertimos con preocupación que el mismo criterio se aplica a las indemnizaciones del trabajador, que también poseen naturaleza alimentaria. La fragmentación de su pago implica una afectación directa a derechos de jerarquía constitucional vinculados a la tutela efectiva, la protección del trabajo y la garantía de propiedad”, se lee en el comunicado.
Por su parte, el Colegio de Profesionales de la Abogacía de Santa Fe emitió un comunicado donde expresó su "enérgica oposición" a dos reformas específicas que afectarían directamente el ejercicio de la abogacía laboral en todo el país.
El primero de los puntos cuestionados es la modificación proyectada al artículo 277 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), que habilitaría el pago de honorarios profesionales hasta en 12 cuotas mensuales.
Para la entidad santafesina, esta disposición resulta inadmisible dado el carácter alimentario de los honorarios, considerados esenciales para la subsistencia de los abogados y sus familias.
“Los honorarios profesionales poseen carácter alimentario y constituyen la legítima retribución por el trabajo realizado. Fragmentar su percepción equivale a desnaturalizar ese derecho y a colocar a la abogacía en una situación de precarización inadmisible”, remarcaron los abogados.
"Resulta llamativo que, en un contexto de crisis social y económica, se pretenda imponer a los profesionales del derecho una espera de hasta doce meses para percibir el fruto de su labor", señaló el comunicado.
En ese sentido, la institución planteó una comparación que generó repercusión: si el pago fraccionado es considerado razonable, propone que los sueldos de los propios legisladores que apoyen la reforma sean también abonados en 12 cuotas mensuales.
El segundo punto de la reforma es el que más preocupación genera en el sector. Se trata de la modificación proyectada al artículo 20 de la LCT, que establecería que la sobreestimación de los montos reclamados en juicios laborales podría ser calificada como pluspetición, habilitando la condena solidaria en costas del abogado junto a su cliente.
En términos prácticos, esto significaría que un letrado podría ser sancionado patrimonialmente si el juez reconoce un monto menor al reclamado en la demanda.
Para el Colegio, esta previsión constituye "una herramienta de disciplinamiento" sobre la abogacía.
La entidad remarcó que rechaza "toda normativa que tienda a restringir la libertad de trabajo, a intimidar el ejercicio profesional o a trasladar sobre los abogados responsabilidades que no les corresponden".
El comunicado cerró con una reflexión que apunta directamente a los legisladores: si se discute bajo qué condiciones los profesionales deben asumir riesgos patrimoniales por el ejercicio de su función, sugieren que también debería analizarse la responsabilidad de quienes sancionan normas que afectan derechos fundamentales.
Finalmente, los letrados concluyeron en que “la defensa del trabajo, sea el del trabajador dependiente o el del profesional independiente, no admite soluciones que posterguen o diluyan la percepción íntegra de créditos de naturaleza alimentaria”.