La Junta de Presidentes de las Cámaras Nacionales y Federales de la República Argentina publicó un comunicado donde expresó su repudio a las amenazas dirigidas contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, tras el fallo que condenó a Cristina Fernández de Kirchner.
Los integrantes de la Junta advirtieron que los hechos atentan contra “la normal vida democrática, la independencia del Poder Judicial de la Nación y la integridad del sistema republicano de gobierno”.
“Los Estados deben garantizar que quienes ejerzan una función judicial estén libres de injerencias, intimidaciones, obstáculos u hostigamientos”, remarcó la FLAM.
“Convencidos de que no es posible a través de la violencia y la intolerancia alcanzar la unidad nacional y el progreso de todos los argentinos, instamos a promover la cultura de la paz, salvaguardando los valores de la democracia, la división de poderes y la libertad”, agregaron los magistrados.
Por su parte, los integrantes del Consejo de la Magistratura de la Nación en representación del estamento de los jueces también se sumaron al repudio y enfatizaron en “la necesaria tolerancia, respeto y sometimiento, que todos los habitantes deben observar respecto de los fallos judiciales”.
“Ello con absoluta independencia, por supuesto, de la opinión favorable o crítica que cada ciudadano puede tener y exteriorizar pacíficamente respecto del mérito de tales decisiones”, remarcó el documento.
“Desde nuestros roles señalamos la necesidad de que la Argentina se proyecte por sobre un sólido camino de progreso, equidad y bienestar general, para lo cual resulta indispensable mantener la paz y cohesión social, cometido ético y jurídico de todas las autoridades públicas, comunicadores, y argentinos y argentinas de buena voluntad”, sostuvo el Consejo.
La Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM), a cargo de Marcelo Gallo Tagle, subrayó que "no resulta admisible el ataque al Poder Judicial por el contenido de sus decisiones", enfatizando que, si bien los ciudadanos pueden expresar críticas pacíficas, las acciones intimidatorias constituyen una amenaza directa al Estado de derecho.
“Los Estados deben garantizar que quienes ejerzan una función judicial estén libres de injerencias, intimidaciones, obstáculos u hostigamientos”, remarcó la FLAM.
Para el organismo, "el Poder Judicial debe evolucionar hacia la consecución o consolidación de su independencia, no como privilegio de los jueces, sino como derecho de los ciudadanos/as y garantía del correcto funcionamiento del Estado constitucional y democrático de Derecho".
Este enfoque subraya que la autonomía judicial no es un fin en sí mismo, sino un medio para garantizar la justicia y la igualdad ante la ley, un mensaje dirigido tanto a los operadores jurídicos como a la sociedad en su conjunto.
La Cámara Federal de Casación Penal, a través de las autoridades del Tribunal de Superintendencia, también expresó “el solidario acompañamiento al Señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dr. Horacio Rosatti, en atención a los hechos de público conocimiento perpetrados contra su persona, y reafirma el compromiso de cumplir con objeto de afianzar la justicia para todos sus habitantes, proclamado en la Constitución Nacional”.
También apoyo y solidaridad con Jorge Gorini
Desde las distintas agrupaciones internas que convocan a los magistrados y funcionarios de la Justicia, también se hicieron fuertes comunicados en rechazo a las presiones que experimentó el juez Jorge Gorini, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de la Capital Federal.
Desde Compromiso Judicial expresaron el enérgico repudio a los trascendidos en redes y otras manifestaciones que estarían destinas destinadas a denostar y amedrentar al juez “ y que se concatena con otras acciones de similar tenor que han agraviado en las últimas horas a los máximos integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
“Estas expresiones, que pretenden amedrentar e interferir en la función judicial, constituyen un ataque a la independencia del Poder Judicial y al estado de derecho, pilares fundamentales de nuestra democracia”, abunda el comunicado, difundido tanto por mail como a través de las redes sociales.
Abogan por “una Justicia libre de amenazas, presiones o injerencias", y convocan "a todos los actores institucionales y sociales a defender y resguardar la labor de los jueces y juezas que cumplen con su función con integridad y responsabilidad”. También exhortaron a las autoridades a que garanticen la seguridad del magistrado y de su grupo familiar.
En idénticos términos se expresó la Lista Bordó, rechazando la amenazas y las presiones haciendo hincapié en el respeto a la instituciones y la tolerancia como elementos imprescindibles para la vida en democracia y el progreso social.