La Justicia Nacional del Trabajo atraviesa un escenario de incertidumbre: a la sanción de la Ley de Modernización Laboral se suman protestas, paros, presentaciones judiciales y tomas de edificios por parte del gremio, en rechazo al traspaso de competencias a la órbita porteña. A ello se suma una ola de renuncias y vacantes sin completar.
La nueva normativa aprobó -mediante el artículo 90- el denominado “Acuerdo de Transferencia de la Función Judicial en Materia Laboral del Ámbito Nacional a la Justicia del Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, firmado el 9 de febrero entre el Estado Nacional y el Gobierno porteño. En ese entendimiento, la Nación se comprometió a no promover nuevas designaciones ni impulsar las que se encuentren en trámite para cubrir vacantes de magistrados, funcionarios o personal especializado del fuero.
La reforma, ratificada por el Senado con las modificaciones introducidas por Diputados, también encomienda -articulo 91- al Poder Ejecutivo nacional transferir “los recursos necesarios para el funcionamiento” del nuevo esquema judicial.
Sobre este punto, la Asociación Gremial de Abogados del Estado (AGAE) presentó la primera acción contra la reforma. Sostuvo, entre otras cuestiones, que estos artículos fueron “introducidos de forma contraria a la dispuesta por el Reglamento de la Cámara de Senadores” y que lo sucedido “constituye una situación totalmente irregular que acarrea la nulidad de lo votado”. Es que, durante la sesión, se sometió a votación la incorporación de modificaciones al artículo original y se sumó dicho acuerdo de transferencia.
“No correspondía incluir la aprobación del Acuerdo como una modificación, sino que debería haber sido tratado de manera independiente como un asunto particular, ya sea transitando por las comisiones de la Cámara Alta o tratándose sobre tablas”, señala la presentación de la organización, y añade: "En definitiva, las incorporaciones y modificaciones realizadas en la votación en particular fueron ilegítimas en tanto se debería haber tratado como un proyecto de ley autónomo".
Una compleja transición
El traspaso no será inmediato. El ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia, explicó que la transición demandará varios años debido al “stock” de causas residuales.
Durante la apertura del período de sesiones ordinarias en la Legislatura porteña, el jefe de Gobierno Jorge Macri le encomendó avanzar con la implementación para que los conflictos laborales se resuelvan “de forma moderna y ágil”.
En este sentido, el abogado especializado en Derecho Empresarial y Laboral, Nahuel Altieri sostuvo: "Desde el año 2025 en adelante, primero ante las amenazas de incorporar a los judiciales al régimen general y ahora ante la amenaza concreta e incertidumbre por la disolución de la Justicia Nacional del Trabajo, hemos visto una oleada sin precedentes de renuncias de jueces de primera y segunda instancia de la Justicia Nacional del Trabajo por jubilación".
En 2024, la Legislatura de la Ciudad aprobó la creación del fuero laboral local, que estará integrado por diez Juzgados de Primera Instancia y una Cámara de Apelaciones del Trabajo compuesta por dos salas. En los últimos meses se avanzó con el primer concurso para cubrir esas vacantes, aunque no se descarta enviar un nuevo proyecto para ampliar la estructura a 40 juzgados distribuidos en cinco salas, ya que se proyectan entre 25.000 y 30.000 causas por año, algo que excede la estructura planteada en un principio.
Experiencias similares en otras provincias demandaron alrededor de cinco años. A ello podrían sumarse las judicializaciones anunciadas por gremios y sectores de la abogacía, lo que extendería aún más los plazos.
Renuncias y vacantes
En paralelo, los Juzgados y la Cámara Nacional del Trabajo enfrentan un escenario complejo por la acumulación de vacantes. Durante 2025, el Gobierno nacional aceptó múltiples renuncias de jueces y funcionarios del fuero.
Esta semana se sumaron tres dimisiones: Beatriz Ethel Ferdman, vocal de la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo; Mónica Alicia Copani, jueza del Juzgado Nacional del Trabajo N° 62; y María Luján Garay, jueza del Juzgado Nacional del Trabajo N° 41.
En este sentido, el abogado especializado en Derecho Empresarial y Laboral, Nahuel Altieri sostuvo: "Desde el año 2025 en adelante, primero ante las amenazas de incorporar a los judiciales al régimen general y ahora ante la amenaza concreta e incertidumbre por la disolución de la Justicia Nacional del Trabajo, hemos visto una oleada sin precedentes de renuncias de jueces de primera y segunda instancia de la Justicia Nacional del Trabajo por jubilación".
El letrado también remarcó la falta de certezas respecto del destino de los 1.800 puestos de trabajo y el impacto en la prestación del servicio de justicia. "Estamos viviendo en un estado casi de denegación de justicia por la cantidad de paros justificados, pero que afectan severamente a los trabajadores que reclaman y a todo el ecosistema de profesionales que trabajamos y vivimos en la Justicia Nacional del Trabajo. Sumado a eso, no hay certidumbre al día de la fecha porque no hay reglamentación respecto a lo que va a suceder con los trámites, ya que la justicia de la Ciudad no se encuentra constituida y el mismo ministro Gavino Tapia reconoció que con 10 juzgados no van a poder procesar ni las 25.000 causas que estiman recibir, ni las que no están contemplando son las ejecuciones que se les transferirán cuando se dicten sentencias definitivas en la justicia nacional, tal cual como está puesto en el reglamento o, mejor dicho, en los acuerdos celebrados hasta ahora", añadió el presidente de Abogados del Fuero.
Y continuó: “No hemos visto, al día de la fecha, la reglamentación de la reforma laboral. Tal vez allí haya más precisiones, pero lo cierto es que el Código Procesal de la Ciudad solo contempla a los trabajadores domiciliados en la Capital Federal, dejando fuera a la gran mayoría de trabajadores que son del interior y que tienen litigios con empresas radicadas en la Capital Federal. Tampoco contempla el ordenamiento de la existencia de juzgados de primera instancia para resolver cuestiones de demandas contra entidades nacionales o personal aéreo, que serían de competencia de la Justicia Nacional, porque es impensable que la Justicia de la Ciudad pueda juzgar a entes nacionales como el PAMI, el ENRE y tantos otros donde hay trabajadores que se desempeñan en ese ámbito, sumado a aquellos empleados del Estado nacional en forma directa, cuya jurisdicción sería la Justicia Nacional”.
“Esto significa que, o bien muchos casos van a ir a la Justicia provincial del Trabajo, con lo cual también va a colapsar ese sistema que ya se encuentra colapsado, o bien otros van a tener que recurrir a la Justicia Contencioso Administrativo Federal, que no es la justicia especializada, que no tiene los 80 años de historia de la Justicia Nacional del Trabajo y que, además, aplica una tasa de interés que es confiscatoria. Es decir que, aun ganando en la Justicia Contencioso Administrativo Federal, un trabajador pierde plata”, concluyó.
Mientras tanto, el fuero nacional del Trabajo continúa funcionando, pero con un horizonte institucional abierto, detalles sin definir y atravesado por tensiones y reclamos.