En un nuevo paso hacia al traspaso, el Poder Ejecutivo remitió al Congreso un acuerdo para transferir de manera gradual la Justicia Nacional del Trabajo con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al ámbito local.
El proyecto establece un traspaso progresivo de la competencia material y funcional de los Juzgados Nacionales del fuero Laboral y, en esta etapa, a la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.
El acuerdo mantiene la competencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en los casos previstos por la Constitución, al tiempo que asigna al Tribunal Superior de Justicia de la CABA la función revisora en las causas del fuero laboral local.
Según el texto del acuerdo, esta medida se limita a conflictos laborales en el territorio porteño, con una nómina detallada de órganos judiciales en su Anexo I, evitando una absorción inmediata para garantizar el funcionamiento regular del servicio de justicia y prevenir disrupciones en las causas en trámite.
Este esquema respeta los límites constitucionales del federalismo judicial, excluyendo materias que permanecen bajo órbita nacional.
Entre ellas, se destacan las causas donde interviene el Estado Nacional -ya sea a través de sus poderes u organismos descentralizados-, los litigios relacionados con asociaciones sindicales, seguridad social y aquellos con competencia federal por materia o partes involucradas.
Un aspecto central del acuerdo es el régimen transitorio diseñado para asegurar la continuidad. Las causas iniciadas antes de la vigencia del convenio seguirán su curso en la Justicia Nacional del Trabajo hasta su resolución final, mientras que los nuevos procesos se radicarán en el Fuero del Trabajo de la CABA una vez operativo el traspaso.
En cuanto al personal, el convenio prioriza la protección de derechos adquiridos. Se garantiza la intangibilidad de las remuneraciones, la estabilidad laboral y la preservación de los regímenes previsionales y de carrera para magistrados, funcionarios y empleados.
El Estado Nacional se compromete a transferir los recursos humanos, materiales y presupuestarios necesarios, mientras que la CABA deberá implementar las medidas organizativas y normativas para la puesta en marcha del nuevo fuero.
El acuerdo mantiene la competencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en los casos previstos por la Constitución, al tiempo que asigna al Tribunal Superior de Justicia de la CABA la función revisora en las causas del fuero laboral local.
El traspaso queda condicionado a la aprobación del Congreso Nacional, la ratificación por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y la emisión de actos administrativos para su implementación efectiva. Hasta entonces, el régimen actual se mantiene sin cambios, permitiendo un período de transición ordenado.