El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) lanzó una campaña nacional bajo el lema "Basta de Justicia por Zoom", con el objetivo de revertir lo que califican como un retroceso histórico en materia de oralidad y publicidad judicial.
“Desde el año 1939 se ha venido luchando en este país por establecer un procedimiento oral y público. Nadie discute ya las raíces constitucionales de ese modelo y su virtud para acercar la administración de justicia a la ciudadanía, permitir el control y construir una legitimidad que siempre le es difícil a la justicia”, aseguró el organismo.
Para el INECIP, “no podemos admitir que se vaya, poco a poco, volviendo a un modelo tecno-inquisitorial, que huye de la publicidad, degrada el litigio y oscurece la figura de los jueces, que deben ser buscados con una lupa dentro del conjunto de los cuadritos del Zoom”.
Pero, profundizó el INECIP, “asistimos hoy a un retroceso claro de estas ideas producto de un abuso de las audiencias virtuales. Esto, por supuesto, no significa desconocer los aportes de la tecnología ni renegar de su uso. Sin embargo, hoy observamos a sistemas judiciales que han renunciado a concurrir a las salas de audiencia sin ningún tipo de justificación”.
Los especialistas reconocen que la tecnología tiene usos válidos en el ámbito judicial como facilitar la participación de testigos en provincias con grandes distancias, o permitir audiencias breves entre profesionales sobre cuestiones puramente de derecho.
Pero el problema, advierten, es otro: en muchos casos son los propios jueces, fiscales y defensores quienes buscan activamente la virtualidad para evitarse concurrir a las salas de audiencia.
Según el instituto, en algunos lugares ya se está naturalizando que los defensores no asistan en persona a acompañar a sus defendidos, quienes en muchos casos se encuentran alojados en condiciones que la propia entidad ha catalogado como cercanas a la tortura.
Decisiones sobre prisión preventiva se estarían tomando de forma remota, sin que los jueces puedan evaluar cabalmente la atención y la actitud de los litigantes.
Frente a este cuadro, el INECIP convocó a los Tribunales Superiores provinciales y a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a intervenir de manera urgente, estableciendo que el uso de plataformas de videollamada debe ser una excepción debidamente justificada y no la regla.
“No podemos permitir que una visión burocrática, junto con la tradicional desidia de los funcionarios judiciales, debilite una dimensión central de nuestra República. Si es necesario realizar una audiencia u otra diligencia de modo virtual, ello debe ser decidido y justificado como una excepción”, se lee en el documento presentado.
Para el INECIP, “no podemos admitir que se vaya, poco a poco, volviendo a un modelo tecno-inquisitorial, que huye de la publicidad, degrada el litigio y oscurece la figura de los jueces, que deben ser buscados con una lupa dentro del conjunto de los cuadritos del Zoom”.