El Juzgado de Familia de Bariloche autorizó a una mujer a cambiar de ciudad junto a su hija menor, tras comprobar los hechos de violencia ejercida por el padre de la niña.
La resolución destaca no solo agresiones físicas, sino también formas de violencia económica y simbólica que continúan afectando a la familia.
La decisión judicial surgió de una demanda presentada por la madre, quien relató una relación inicial corta pero intensamente conflictiva. Desde el período de gestación, las agresiones físicas y emocionales fueron constantes, y tras la ruptura, las amenazas persistieron, lo que derivó en denuncias penales y una orden judicial de alejamiento que aún rige.
La jueza priorizó también la postura de la niña, quien solicitó residir con su madre, distanciarse del padre y retomar sus estudios en el nuevo lugar.
En un principio, la mujer promovió el vínculo entre la niña y su padre, así como con los abuelos paternos pero el panorama se agravó con nuevas presentaciones judiciales contra el hombre.
En la demanda, la madre detalló las dificultades cotidianas: jornadas laborales de nueve horas con un salario modesto, sin apoyo financiero del excompañero, lo que la obligaba a costear alquiler, cuidado infantil y gastos básicos sin margen para extras como clases o un hogar más estable.
También describió oportunidades concretas en la ciudad de destino: empleo fijo, una casa lista para habitar y el respaldo de parientes cercanos, elementos clave para una mejor calidad de vida para ella y su hija.
Tras analizar el expediente, la magistrada Laura Clobaz ponderó el interés superior del niño y la perspectiva de género. En ese marco, subrayó que el padre no demostró voluntad de reconstruir la relación, omite cualquier contribución económica y persiste en conductas que agravan la desigualdad.
Además, alertó sobre el cambio de actitud de los abuelos paternos, quienes –después de un lazo previamente armónico– iniciaron presiones y actitudes de control hacia la madre y la menor al enterarse del plan de mudanza.
La jueza priorizó también la postura de la niña, quien solicitó residir con su madre, distanciarse del padre y retomar sus estudios en el nuevo lugar.
El fallo levantó una medida cautelar previa que bloqueaba el traslado y dispuso la comunicación inmediata a las autoridades policiales para garantizar un egreso seguro de la jurisdicción, sin impedimentos.
"En la dinámica que caracteriza a los procesos de familia exige que las medidas que se adopten en resguardo del interés superior de las infantes involucradas puedan-y deban- ser revisadas cuando la coyuntura y las aristas que existían al momento de su adopción hubieran variado o subsistan en el tiempo sin visos certeros de modificarse", concluyó la sentencia.