Nuevamente, y en menos de un mes, la Corte Suprema volvió a llamar la atención de los tribunales que paralizaron investigaciones en causas por abuso sexual contra menores de edad. En esta oportunidad, ocurrió en el expediente “R., J. A. s/ incidente de competencia”, en el que se sugirió evaluar la aplicación de sanciones disciplinarias a jueces tucumanos.
El nuevo caso se originó el 17 de julio de 2014, cuando una mujer denunció, en la comisaría policial de la localidad Los Nogales, provincia de Tucumán, a su ex pareja por haber abusado sexualmente de su hija -en ese momento de dieciséis años- cuando la fue a visitar a su domicilio en Florida, provincia de Buenos Aires, en enero de 2012.
La causa recayó en el por entonces Juzgado de Instrucción de la III Nominación de San Miguel de Tucumán, a cargo del juez Juan Francisco Pisa, quien se declaró incompetente el 8 de octubre de 2014. Entendió, en concreto, que el hecho se habría producido en la provincia de Buenos Aires.
Más de un año después, en marzo de 2016, las actuaciones fueron remitidas a la justicia bonaerense. El 15 de abril de ese año, el titular del Juzgado de Garantías N.º 1 del Departamento Judicial de San Isidro, provincia de Buenos Aires, Ricardo Costa, rechazó su competencia y consideró que no se habían agotado las medidas tendientes a establecer con certidumbre las circunstancias que rodearon el ilícito: no se había tomado declaración a la víctima ni se habían llevado adelante medidas para verificar que los hechos se hubieran producido en dicha provincia.
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti entendieron que resulta aplicable lo resuelto recientemente en la causa “S. N. s/ incidente de competencia” y, al igual que sucedió con los tribunales santafesinos, se requirió que “los tribunales intervinientes deberán darle inmediato trámite al expediente, adoptar las decisiones que correspondan y procurar que el daño sufrido por la víctima, hoy adulta, no se vea aún más incrementado como consecuencia del contacto con el sistema de justicia”.
El expediente volvió al juzgado tucumano, y el juez Pisa ratificó su declaración de incompetencia el 22 de diciembre de 2017, más de tres años después de la denuncia. Asimismo, ordenó extraer copias y certificarlas para la formación del incidente pertinente y su elevación al Máximo Tribunal para resolver la cuestión de competencia.
Posteriormente, el fiscal de instrucción ordenó reservar las actuaciones hasta tanto se resolviera el conflicto de competencia, y el 8 de octubre de 2018 dispuso su envío a la Unidad Especial de Resolución de Causas.
Casi siete años después de la ratificación de incompetencia del juez Pisa, el 25 de septiembre de 2024, el tribunal informó que, en el marco de los controles sobre las causas pendientes, se detectaron estas actuaciones y se advirtió que el incidente de incompetencia “nunca fue creado conforme lo ordenado”.
Como consecuencia de ello, el juez Raúl Cardozo, del ahora Colegio de Jueces y Juezas del Centro Judicial Capital de la Provincia de Tucumán, remitió la causa a la fiscalía para que siga el trámite hasta que se resuelva la cuestión de competencia, dispuso la formación del incidente y lo elevó a la Corte.
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti entendieron que resulta aplicable lo resuelto recientemente en la causa “S. N. s/ incidente de competencia” y, al igual que sucedió con los tribunales santafesinos, se requirió que “los tribunales intervinientes deberán darle inmediato trámite al expediente, adoptar las decisiones que correspondan y procurar que el daño sufrido por la víctima, hoy adulta, no se vea aún más incrementado como consecuencia del contacto con el sistema de justicia”.
Además, estableció que “se hará saber del contenido de la presente a la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Tucumán, a fin de que disponga las medidas que juzgue pertinentes y evalúe, en su caso, la aplicación de las sanciones disciplinarias que correspondan”.