La Sala B del Superior Tribunal de Justicia de La Pampa resolvió revocar una decisión del Tribunal de Impugnación Penal y declaró inválida la ampliación de la acusación realizada por el Ministerio Público Fiscal en un caso de abuso sexual. Se ordenó que el proceso continúe con la plataforma fáctica original.
El hombre está imputado por abuso sexual contra la hija de su expareja. Sin embargo, al momento de presentar la acusación, el MPF incluyó incorporó hechos más amplios y una calificación penal más grave que la comunicada oportunamente en la audiencia de formalización.
La defensa sostuvo que esa ampliación, introducida en forma sorpresiva y sin nueva formalización, afectó el derecho de defensa del imputado porque impidió preparar pruebas y estrategias adecuadas.
“En el marco de las atribuciones provinciales para el diseño de los sistemas procesales, nuestra provincia, al asumir un acusatorio de corte adversarial, le dio mucha importancia a la audiencia de formalización y al rol del juez de control como director del proceso, no en detrimento del fiscal que dirige la investigación, pero sí en una posición de tercero imparcial cuya función primordial es el aseguramiento de las garantías procesales, primordialmente en audiencia oral”, explicaron los jueces del STJ.
De este modo, los vocales resaltaron que la audiencia de formalización tiene relevancia en relación al derecho de defensa, ya que “se está en presencia de un acto legal mediante el cual se informa a otras personas determinados hechos por los que se los investiga” y que se trata de un acto procesal clave, que “está sujeto a un control dual, por un lado, al del juez de control para asegurar el respeto de las garantías constitucionales y de los derechos de los imputados y, por otro, al del propio imputado que tiene derecho a ejercer el debido control acerca de la investigación que se le sigue en su contra, por ende, a conocer cualquier cambio en la teoría del caso del fiscal; toda imposibilidad de control impacta directamente en su derecho de defensa”.
Y añadieron: “A diferencia de otras provincias, como Santa Fe, que solo prevén una audiencia imputativa ante el fiscal y sin participación del juez de control cuando no se solicitan medidas de coerción, nuestra provincia adoptó un modelo que exige siempre la formalización ante el juez de control en los casos de cambios sustanciales por ampliación de la plataforma fáctica que impliquen un agravamiento de calificación legal o de la forma de participación del imputado”.
De este modo, los vocales resaltaron que la audiencia de formalización tiene relevancia en relación al derecho de defensa, ya que “se está en presencia de un acto legal mediante el cual se informa a otras personas determinados hechos por los que se los investiga” y que se trata de un acto procesal clave, que “está sujeto a un control dual, por un lado, al del juez de control para asegurar el respeto de las garantías constitucionales y de los derechos de los imputados y, por otro, al del propio imputado que tiene derecho a ejercer el debido control acerca de la investigación que se le sigue en su contra, por ende, a conocer cualquier cambio en la teoría del caso del fiscal; toda imposibilidad de control impacta directamente en su derecho de defensa”.