Un trabajo (1) empírico sobre la revisión judicial de órdenes de allanamiento e incautación en Estados Unidos puso en evidencia una brecha entre la teoría constitucional y la práctica cotidiana de los tribunales.
Según la investigación, la complejidad y extensión de las solicitudes de allanamiento hacen que, en muchos casos, los jueces no las lean con atención o directamente no las revisen en su totalidad. Esta dinámica debilita las garantías que la Cuarta Enmienda de la Constitución estadounidense otorga frente a registros e incautaciones.
Se aprueben órdenes extensas y complejas sin que exista una lectura integral que garantice un verdadero control de legalidad.
El análisis señala que, aunque la jurisprudencia de la Corte Suprema norteamericana parte del supuesto de un examen minucioso de las solicitudes, en la práctica las revisiones suelen ser parciales o superficiales. Las causas principales identificadas son: el volumen creciente de pedidos que ingresan en ciertos distritos, la complejidad técnica de las órdenes, especialmente en investigaciones de delitos financieros o informáticos o la presión de tiempo que enfrentan los magistrados.
Esto lleva a que, en muchos casos, se aprueben órdenes extensas y complejas sin que exista una lectura integral que garantice un verdadero control de legalidad.
“Para llevar a cabo nuestro estudio, nos basamos principalmente en dos fuentes de datos: imágenes en formato PDF de órdenes judiciales aprobadas de la Oficina Administrativa de los Tribunales de Utah (AOC) y metadatos administrativos de órdenes judiciales electrónicas del Departamento de Seguridad Pública de Utah (DPS). Complementamos estas fuentes principales con algoritmos de aprendizaje automático, turnos de jueces imputados y datos codificados manualmente sobre información demográfica judicial.”, expresan los autores del trabajo.
Una de las conclusiones más relevantes es que muchas órdenes judiciales son aprobadas sin ser leídas de manera completa o con detenimiento. Este fenómeno contradice la suposición de la jurisprudencia de que cada orden recibe un análisis exhaustivo e independiente.
La Cuarta Enmienda en tensión
La Cuarta Enmienda establece que los registros deben ser razonables y contar con autorización judicial basada en causa probable. Sin embargo, los hallazgos del estudio sugieren que los jueces, por sobrecarga y limitaciones de tiempo, no siempre aseguran un control acorde con estos principios.
Por ende la investigación subraya que existe un desajuste entre la práctica judicial y los principios constitucionales de la Cuarta Enmienda, que exige órdenes fundadas, específicas y emitidas con un control riguroso por parte de un juez imparcial.
Tecnología y toma de decisiones
El trabajo también pone en discusión el papel de la tecnología en este terreno. Por un lado, la digitalización facilita la presentación y almacenamiento de solicitudes, pero al mismo tiempo puede incentivar un tratamiento más automático y menos reflexivo de documentos cada vez más complejos.
“La incorporación de tecnología debe ser equilibrada para no sustituir el juicio humano independiente, piedra angular del control de legalidad.”
Los autores sugieren que herramientas tecnológicas podrían emplearse para apoyar la revisión judicial, destacando secciones críticas o resúmenes automatizados que permitan una lectura más eficiente sin perder rigor. Sin embargo, advierten que la incorporación de tecnología debe ser equilibrada para no sustituir el juicio humano independiente, piedra angular del control de legalidad.
“Los jueces se han mostrado realmente sorprendidos ante la perspectiva de que la revisión de órdenes judiciales tome menos de sesenta segundos”, se concluye en la investigación.
¿Y en Argentina como estamos?
En la Argentina, aunque el marco normativo es distinto, las dificultades presentan ciertos puntos de contacto. El Código Procesal Penal de la Nación y los códigos provinciales establecen que los allanamientos requieren orden judicial fundada, pero la realidad muestra que muchas veces los jueces firman autorizaciones en contextos de urgencia, sobrecarga de trabajo o con escritos extensos y técnicos, especialmente en investigaciones de narcotráfico o delitos informáticos.
En ambos sistemas, la tensión es la misma: equilibrar la eficacia de la investigación penal, automatizar apoyos a la decisión con tecnología, sin perder (o recobrando) el respeto a las garantías constitucionales.
La diferencia es que, mientras en Estados Unidos se discute ya el uso de herramientas tecnológicas para asistir a los jueces en la lectura y análisis de órdenes complejas, en la Argentina ese debate recién comienza, enmarcado en los procesos de modernización judicial y la incorporación de sistemas digitales de gestión.
Al igual que en la experiencia norteamericana, existe el riesgo de que el control judicial se transforme en un acto meramente formal, donde la premura y el volumen de causas reducen la revisión a una validación casi automática. En ambos sistemas, la tensión es la misma: equilibrar la eficacia de la investigación penal, automatizar apoyos a la decisión con tecnología, sin perder (o recobrando) el respeto a las garantías constitucionales.
(1) ¿Órdenes judiciales injustificadas? Un análisis empírico de la revisión judicial en allanamientos e incautaciones / Unwarranted Warrants? An Empirical Analysis of Judicial Review in Search and Seizure
Autores: Miguel F.P. de Figueiredo, Brett Hashimoto, Dane Thorley.