A través de su presidente Andrés Abramovich y su secretario Emanuel Chiabo, el Colegio de Abogados de Santa Fe remitió una nota al presidente de la Comisión del Poder Judicial y otros Órganos de la Convención Reformadora de la Provincia, Lisandro Enrico, expresando observaciones al dictamen en tratamiento.
El Colegio resaltó el rol subsidiario del Ministerio Público de la Defensa y la configuración del Consejo Asesor de Selección y el Jurado de Enjuiciamiento, con énfasis en la necesidad de mayor independencia y transparencia en el sistema judicial.
Los abogados criticaron la “notable preponderancia política” en el Jurado de Enjuiciamiento comparado con el Consejo Asesor, proponiendo una correspondencia plena entre ambos.
En relación al Ministerio Público de la Defensa, los representantes del Colegio destacan la importancia de consagrar constitucionalmente el principio de subsidiariedad.
"En primer lugar, entendemos que debe establecerse expresamente que la Defensa Pública actuará con carácter subsidiario. No basta con enunciar que se dirige a personas vulnerables o que carezcan de medios, ya que esas expresiones refieren a los beneficiarios del servicio, mientras que la subsidiariedad es un principio rector que organiza la relación entre la Defensa Pública y la defensa privada”, señaló el comunicado.
Para los letrados, este principio limita la intervención estatal a casos donde no sea posible acceder a una defensa privada, protegiendo así a personas en situación de pobreza o vulnerabilidad, al tiempo que resguarda el ejercicio profesional de la abogacía privada y optimiza el uso de recursos públicos.
Además, advierten sobre la necesidad de mantener los límites actuales en materia civil: “En segundo lugar, consideramos oportuno advertir que, en materia civil, deben mantenerse los límites vigentes hoy en la Provincia, donde las Defensorías Civiles intervienen en procesos específicos (relaciones de familia y cuestiones civiles sin contenido económico o de muy baja cuantía)”.
Según el texto, una ampliación indiscriminada podría desnaturalizar la función subsidiaria de la defensa pública extrapenal y afectar negativamente el libre ejercicio profesional.
En síntesis, el Colegio enfatizó que “consagrar el principio de subsidiariedad en la Constitución no sólo garantiza que la Defensa Pública cumpla su verdadero propósito de asistir a quienes realmente lo requieren, sino que también preserva la autonomía del ejercicio profesional de la abogacía y asegura reglas claras y estables para el funcionamiento del sistema”.
Respecto al Consejo Asesor de Selección y el Jurado de Enjuiciamiento, el comunicado expresó “gran preocupación” por la falta de vinculatoriedad en la terna elevada por el Consejo al Poder Ejecutivo.
Los abogados criticaron la “notable preponderancia política” en el Jurado de Enjuiciamiento comparado con el Consejo Asesor, proponiendo una correspondencia plena entre ambos.
“La remoción de una persona que se desempeña como juez, fiscal o defensor tiene un carácter tan decisivo como su nombramiento, por lo que debería existir plena correspondencia entre la conformación de ambos organismos. Sostenemos que los dos cuerpos institucionales deben operar en espejo, como contrapesos del sistema”, destacaron al respecto.
El Colegio concluyó que “es menester que el nuevo diseño institucional dote a dichos órganos de verdadera independencia, de modo de otorgar previsibilidad y garantizar que la selección no dependa de fidelidades coyunturales, sino de mérito, idoneidad y publicidad, atributos esenciales que hacen a la confianza en el sistema de Justicia”.