El Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Santa Fe y la Federación de Colegios de Abogacía de la Provincia de Santa Fe solicitaron a los convencionales reformadores a que regulen en el texto de la futura Constitución la creación y el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, con integración estamentaria permanente.
“Este órgano es el que participará en los procesos de selección de magistradas/os del Poder Judicial y funcionarias/os del Ministerio Público de la Acusación y del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, los que se realizarán mediante concursos públicos, abiertos y transparentes, de antecedentes y oposición”, explicaron los letrados.
Tras las elecciones del pasado 13 de abril, la Convención constituyente de Santa Fe comenzará formalmente el próximo 14 de julio y tendrá un plazo de 60 días corridos para debatir, reformar y sancionar la nueva Constitución provincial.
Al respecto, pidieron a los encargados de redactar la nueva carta magna que avancen con “una ley especial, determine el modo de elección periódica de sus miembros y el procedimiento para la tramitación de los concursos, respetando los principios de idoneidad técnica, ética y democrática, independencia, transparencia, publicidad y participación ciudadana”.
En ese marco y como resultado de dichos concursos, “deberá preverse que el Consejo de la Magistratura establezca un orden de mérito y proponer, siguiendo dicho orden de mérito, ternas vinculantes al Poder Ejecutivo, quien seleccionará entre los tres postulantes propuestos y luego requerirá el pertinente acuerdo de la Asamblea Legislativa”.
Tras las elecciones del pasado 13 de abril, la Convención constituyente de Santa Fe comenzará formalmente el próximo 14 de julio y tendrá un plazo de 60 días corridos para debatir, reformar y sancionar la nueva Constitución provincial.
El objetivo principal será actualizar la Constitución provincial, vigente desde 1962, incorporando reformas institucionales, de modernización del Estado y de derechos ciudadanos.
Santa Fe es la única provincia del país que aún no reformó su Carta Magna tras la Constitución Nacional de 1994.