El Juzgado de Control y Faltas 7 de la ciudad de Córdoba, a cargo de José Milton Peralta, condenó a una mujer por los delitos de asociación ilícita (en calidad de miembro) y estafas reiteradas por el uso de datos no autorizados de tarjetas de crédito o débito (32 hechos). Todo ello en la causa “Incidente labrado con motivo del juicio abreviado inicial de la imputada F.B.M.”.
Según la requisitoria de elevación a juicio, la acusada supuestamente integraba una banda que compraba entradas para partidos de fútbol con tarjetas de crédito o débito de terceras personas, sin conocimiento ni autorización de sus titulares. Esta operatoria también era utilizada para abonar cuotas sociales del club Instituto Atlético Central Córdoba.
La imputada mantenía vínculos con una de las facciones de la barra brava del club conocida como “Los Ranchos”, y través de ellos tomaba contacto con socios de la institución deportiva y les ofrecía comprar abonos o pagar la cuota social a un precio inferior al costo real. De esta forma, obtenía un pago para sí en concepto de “comisión”.
“El Club Atlético Instituto resultó perjudicado por un grupo de socios que, precisamente, constituyen para cualquier institución el núcleo confiable de donde obtienen los recursos materiales y humanos para su desarrollo deportivo y social”, dijo el magistrado.
La mujer dijo que estaba arrepentida, pidió disculpas al club y que estaba de acuerdo con la pena. Por su parte, el querellante particular no realizó ninguna objeción.
Los datos de los plásticos (número de tarjeta y código de seguridad) eran aportados por otro hombre, presunto organizador de la organización criminal, quien trabajaba en un supermercado e irá a juicio oral y público junto a otra imputada.
En este contexto, el juez cordobés destacó la gravedad de los ilícitos atribuidos: el desprecio contra los intereses del club deportivo y que en la planificación de la maniobra delictiva, mediante la utilización de datos no autorizados de tarjetas de crédito de terceros, la imputada “requirió el reclutamiento de otros socios de la institución, como condición necesaria para que la maniobra pergeñada tuviera el éxito económico planificado en desmedro de los intereses del club deportivo”.
Estas maniobras fraudulentas también producían un daño patrimonial para los titulares de las tarjetas de crédito o débito cuyos datos eran usados sin autorización; en otras, perjudicaban al club Instituto, ya que sufría la reversión del pago ante el desconocimiento de los consumos. “El Club Atlético Instituto resultó perjudicado por un grupo de socios que, precisamente, constituyen para cualquier institución el núcleo confiable de donde obtienen los recursos materiales y humanos para su desarrollo deportivo y social”, dijo el magistrado.