El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°1 porteño condenó a un oficial de la Policía Federal Argentina por haberle sustraído a cuatro compañeros de la fuerza los datos de sus tarjetas de crédito y efectuar más de 50 compras online.
La causa se inició por una denuncia efectuada por una de las víctimas ante la División Delitos Tecnológicos de la PFA, que fue remitida a la UFECI. En su presentación, la mujer indicó que había advertido al menos 12 compras fraudulentas realizadas en línea, con los datos de tres de sus tarjetas de crédito, pertenecientes a los Bancos Nación y Galicia.
En cuanto al incumplimiento de los deberes de funcionario público, el juez indicó que el imputado tenía la “obligación de hacer cumplir la ley y reprimir cualquier delito que se le presentara. Sin embargo, se ha acreditado que su accionar fue completamente contrario a esta función, adoptando una conducta delictiva".
A partir de distintos reportes recibidos por las empresas o comercios donde se hicieron los gastos, la UFECI identificó al condenado como sospechoso, ya que había cambiado el método de pago de su suscripción a un programa de descuentos de una cadena de cines usando los datos de una de las tarjetas de la víctima.
El juez Luis Salas hizo lugar al pedido y homologó el acuerdo de juicio abreviado, aunque exceptuó al imputado de la obligación de realizar tareas comunitarias, como lo había solicitado la representante del Ministerio Público Fiscal.
El magistrado tuvo “acreditado que Álvarez Cabezas de manera ilícita y aprovechándose de la relación de confianza que los unía con los damnificados, utilizó sus tarjetas de crédito sin su debida autorización” para efectuar compras de perfumes importados, vestimenta, entradas a espectáculos, combustible y deliveries de comida.
En cuanto al incumplimiento de los deberes de funcionario público, el juez indicó que el imputado tenía la “obligación de hacer cumplir la ley y reprimir cualquier delito que se le presentara. Sin embargo, se ha acreditado que su accionar fue completamente contrario a esta función, adoptando una conducta delictiva".
"No solo afectó los intereses patrimoniales de cuatro personas de su confianza, tres de las cuales conoció en el ámbito de la Escuela de Policía Federal, sino que también incumplió las normas que regulan su comportamiento”, concluyó el fallo.
El agente fue condenado a la pena de dos años de prisión de ejecución condicional, inhabilitación especial por el plazo de cuatro años para ejercer cargos públicos y al pago de una multa de $12.500.