En el marco del proceso de reforma de la Constitución de la Provincia de Santa Fe, la Convención Reformadora llevó adelante una reunión de la Comisión de Funcionamiento del Estado y Participación Ciudadana, donde se recibieron alrededor de 700 iniciativas.
Entre ellas, se encuentra la de la Federación de Colegios de Abogacía de la Provincia de Santa Fe (FECASFE), que presentó una propuesta para incorporar el Consejo de la Magistratura como un órgano autónomo e independiente.
El órgano contaría con “autonomía funcional e independencia operativa”, financiado dentro del presupuesto del Poder Judicial, con mecanismos de control ciudadano y revisión administrativa y judicial de sus decisiones.
La propuesta se ampara en el artículo 39 del Reglamento Interno de la Convención y en la Ley N° 14.384, que habilita la discusión sobre mecanismos para asegurar la idoneidad en el acceso y permanencia de jueces, incluyendo la conformación de un Consejo de la Magistratura con representación judicial, académica, profesional, legislativa y ejecutiva.
La FECASFE enfatizó en la necesidad de un consejo con “autonomía funcional, independencia presupuestaria y decisiones vinculantes”, evitando su carácter meramente consultivo y subordinado, para prevenir “la incertidumbre jurídica y la demora en la integración de los juzgados vacantes”.
La propuesta contempla un funcionario con rango de Ministro o Secretario del Poder Ejecutivo, quien ejercerá la Presidencia; dos legisladores provinciales, uno por cada Cámara del Poder Legislativo, pertenecientes a bloques de distinta extracción política; cinco representantes de la abogacía; dos profesores o profesoras de reconocida trayectoria, pertenecientes a Facultades de Derecho con asiento en la Provincia; y dos magistrados o funcionarias judiciales, elegidos directamente por sus pares.
Los miembros durarían dos años en funciones, con posibilidad de una sola reelección, y la integración garantizaría la paridad de géneros.
Además, se prevén artículos nuevos sobre selección y competencias, donde se establece que “la ley especial reglamentaria establecerá los mecanismos de concursos públicos y entrevistas abiertas como mecanismos de selección que aseguren la transparencia del procedimiento, en base a criterios objetivos, igualitarios y previamente establecidos”.
El órgano contaría con “autonomía funcional e independencia operativa”, financiado dentro del presupuesto del Poder Judicial, con mecanismos de control ciudadano y revisión administrativa y judicial de sus decisiones.
Finalmente, la FECASFE remarcó que "con la firme convicción de que un sistema de selección de magistrados más idóneo, transparente y plural impacta directamente en la construcción de una justicia cercana y de calidad para la ciudadanía, elevamos a esta Convención Reformadora la presente propuesta, quedando a entera disposición para ampliar los fundamentos aquí expuestos y colaborar activamente en el proceso de reforma constitucional”.
La iniciativa lleva la firma de Andrés Abramovich (Colegio de Profesionales de la Abogacía Santa Fe), Valeria Aquello (Colegio de Abogados de Rosario), Andrea Majuir (Colegio de Abogados de Venado Tuerto), Roberto Baccarzza (Colegio de Abogados de Reconquista) y de Joaquín Condero (Colegio de Abogados de Rafaela).