En un fallo ejemplificador la Jueza Annemarie Carney Axon, del Tribunal de Distrito del Norte de Alabama, dictó una sanción pública contra tres abogados que representaban al excomisionado del Departamento de Correcciones de Alabama. La causa, iniciada por el recluso Frankie Johnson, tuvo un giro insólito cuando se descubrió que cinco de las citas legales incluidas en los escritos de la defensa eran completamente inventadas por ChatGPT.
El caso no sólo generó revuelo en el ámbito jurídico estadounidense, sino que planteó un fuerte llamado de atención a toda la profesión: la verificación humana sigue siendo insustituible, incluso en tiempos de inteligencia artificial avanzada.
¿Qué pasó exactamente?
El 7 y el 12 de mayo de 2025, los abogados Matthew B. Reeves, William J. Cranford y William R. Lunsford, del estudio Butler Snow LLP, presentaron dos escritos solicitando la autorización judicial para tomar declaraciones a Johnson y exigirle la producción de documentos. En ambos textos incluyeron citas jurisprudenciales que, según afirmaban, respaldaban sus argumentos.
Pero el cliente desde la cárcel, no tardó en advertir la falsedad: las citas no existían, o bien se referían a casos irrelevantes. Lo que siguió fue una investigación judicial, una audiencia de justificación y, finalmente, una sentencia ejemplificadora.
La jueza Axon no minimizó el asunto: lejos de aplicar una mera amonestación o multa simbólica, decidió reprender públicamente a los tres abogados responsables, prohibirles seguir actuando en la causa y enviar los antecedentes al Colegio de Abogados de Alabama y otras autoridades pertinentes.
"Repetir citas generadas por IA sin verificar ninguna de ellas demuestra un desprecio total por el deber de veracidad profesional”
La sentencia sostuvo que la conducta excedió la simple negligencia y constituyó una forma de mala fe profesional: "Repetir citas generadas por IA sin verificar ninguna de ellas demuestra un desprecio total por el deber de veracidad profesional”, escribió la magistrada.
Multas, notificaciones y apartamiento del caso
Durante la audiencia de descargo, los abogados admitieron haber usado ChatGPT para buscar jurisprudencia y reconocieron no haber verificado las citas en fuentes tradicionales como Westlaw o PACER. El socio responsable, Matthew Reeves, explicó que usó IA por eficiencia, pero que no pensó que las citas pudieran ser falsas.
El estudio Butler Snow, por su parte, asumió la responsabilidad institucional, encargó una auditoría externa para revisar cientos de presentaciones judiciales y anunció la implementación de nuevos protocolos internos para el uso de IA. También aclararon que el Estado de Alabama no pagará los costos derivados del incidente.
La repetición sin verificación de citas falsas, sea generada por humanos o máquinas, es incompatible con la integridad del sistema judicial
La decisión judicial enfatiza que la mala utilización de inteligencia artificial en escritos legales no es un problema menor. Según el fallo: “La repetición sin verificación de citas falsas, sea generada por humanos o máquinas, es incompatible con la integridad del sistema judicial.”
Este caso se suma a una serie de fallos recientes en Estados Unidos sobre el uso incorrecto de IA generativa. Pero a diferencia de otros, la jueza Axon eligió no ser indulgente: “Las multas simbólicas ya no alcanzan como disuasivo. Se necesita algo más fuerte para evitar que se repita.”
Por esa razón, la orden de la magistrada dispone que los abogados Reeves, Cranford y Lunsford comuniquen formalmente su sanción disciplinaria a sus clientes, colegas de estudio jurídico, contrapartes y jueces en todos los casos en los que actúan como representantes. Además, deberán informar en un plazo de 24 horas las jurisdicciones en las que están habilitados para ejercer y entregar copia de la orden al Colegio de Abogados de Alabama y otras autoridades competentes.
También fueron descalificados para seguir interviniendo en el expediente que motivó la reprimenda. La resolución será publicada en el Suplemento Federal de Jusrisprudencia como advertencia institucional frente a conductas similares.
Por otro lado, Axon decidió no imponer sanciones al estudio jurídico como institución, ni a los otros dos abogados que figuraban en las presentaciones pero que no participaron activamente en su redacción.