Se trató de un fallo per curiam, sin firmas individuales, pero con un tono inequívoco: hay conciencia de que las tecnologías como ChatGPT están siendo usadas —a veces con intención, otras sin saberlo del todo— por operadores jurídicos dentro del sistema. Y frente a eso, la reacción institucional fue cautelosa, pero decidida: no prohibir por completo, pero sí marcar límites claros.
El texto no se limita a palabras tecnológicas: introduce a todos en el sistema judicial —magistrados, secretarios, abogados, funcionarios— a un concepto clave: que al utilizar una IA generativa, están literalmente alimentando el motor de ese sistema con datos que podrían incluir información confidencial. Advierte que muchas plataformas, como ChatGPT, retienen lo que uno ingresa, utilizándolo luego para seguir entrenando sus modelos . En palabras simples: cada dato sensible, cada informe confidencial, puede no desaparecer después de presionar “enviar”, sino transformarse en parte de una base de datos global.
El documento es claro cuando habla de responsabilidad. Quienes introduzcan, voluntaria o involuntariamente, información sellada en una IA, podrían estar quebrantando normas fundamentales: la Administrative Order No. 19, diversos estatutos del Estado de Arkansas, las reglas de conducta profesional y judicial. En este punto, se pone sobre la mesa una advertencia explícita: la privacidad y la integridad de los datos procesales no son meros detalles técnicos, sino el núcleo de la legitimidad judicial.
Pero el texto también incluye sesgos de prudencia e innovación. La Orden 25 no carga contra la IA sin matices: establece quiénes están absolutamente “prohibidos” de exponer datos internos a una IA generativa. Entre ellos, el personal del Office of the Courts, los secretarios de distrito, circuito y apelación, así como cualquier usuario con acceso a CourtConnect -algo así como nuestro Lex100 o Augusta-. El mensaje es claro: no se permitirá el uso indiscriminado, protegiendo los sistemas internos de tribunales.
Al utilizar una IA generativa, están literalmente alimentando el motor de ese sistema con datos que podrían incluir información confidencial. Advierte que muchas plataformas, como ChatGPT, retienen lo que uno ingresa, utilizándolo luego para seguir entrenando sus modelos . En palabras simples: cada dato sensible, cada informe confidencial, puede no desaparecer después de presionar “enviar”, sino transformarse en parte de una base de datos global.
Sin embargo, esto no es absoluto. El documento habilita a solicitar permisos especiales al Committee on Automation para realizar investigaciones o análisis con estas tecnologías, siempre que persigan beneficios concretos para el sistema judicial. Además, la División de Sistemas de Información Judicial (CIS) recibirá mandato para explorar internamente el potencial de la IA, dando lugar a proyectos controlados y supervisados. De este modo, la prohibición tiene algunas ventanas.
Este enfoque de Arkansas no está solo. Similares prácticas han emergido en otras jurisdicciones. La narrativa que emerge de Arkansas no es de rechazo tecnológico, sino de prudencia. Argentina, desde su entorno jurídico, puede aprender mucho de esta propuesta: no se trata de demonizar la IA —que aporta eficiencia, acceso y herramientas de análisis—, sino de pensarlo con cuidado para no diluir los principios de confidencialidad, imparcialidad y responsabilidad.
Quizás, como sugiere Arkansas, no se trata de decirle que no a la inteligencia artificial. Pero sí de decirle cómo, cuándo y para qué.
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