El titular del Juzgado Federal N°4 de Rosario, Marcelo Bailaque, quedó a un paso del jury. Es que la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación, presidida por el senador Luis Juez, aprobó -por unanimidad- el dictamen en su contra por “mal desempeño”.
Bailaque fue acusado de varios hechos y la Comisión concluyó que “incurrió en causal de mal desempeño en sus funciones por haber obrado con falta de integridad, de transparencia, de imparcialidad, de probidad y de decoro”.
La acusación más grave se remonta a mediados de agosto de 2024, cuando la diputada provincial Lionella Cattalini impulsó una denuncia ante el órgano. La legisladora sustentó su presentación diversas noticias periodísticas, que exponían una relación entre el líder de una organización dedicada al narcotráfico, Esteban Lindor Alvarado y el magistrado.
En su escrito, señaló que, entre 2013 y 2015, el juez Bailaque obstaculizó la investigación penal, al no autorizar medidas de prueba cruciales para investigar al referido Alvarado, en el ámbito de la Justicia Federal. En al menos tres oportunidades, según explicó, habría denegado requerimientos de intervención, impidiendo, a su juicio, el avance de una investigación. Sumado a ello, refirió que se encontraba comprobado que, mientras Gabriel Mizzau llevaba la contabilidad de empresas ligadas a Alvarado, también actuaba como contador personal de Bailaque.
El juez se defendió y dijo que “no (tiene) ni (tuvo) ningún tipo de vínculo de modo directo ni a través de un tercer, a migo o no, con narcotraficante alguno” y afirmó que el “trámite de causas que lo tuvieron a como imputado a (Esteban Lindor) Alvarado, siempre fueron abordadas de manera objetiva e imparcial”. También aseguró que él no tenía conocimiento de que Mizzau, su amigo, se desempeñaba en la estructura de Alvarado.
“En efecto, los hechos y situaciones que originaron este expediente generan en la sociedad una gran inquietud y zozobra, al tener como protagonista a un juez de la Nación, encargado de administrar justicia y sobre quien pesa la responsabilidad política de los actos que realice en ejercicio de sus funciones”, señala el dictamen al que accedió Diario Judicial.
A esta acusación se sumaron otras dos vinculadas a supuestas extorsiones a empresarios y el manejo de fondos de una cooperativa. Mientras avanzaba la investigación en el Consejo, el juez federal Marcelo Bailaque quedó imputado como autor de los delitos de extorsión, concusión, prevaricato, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, falsedad ideológica de documento público y allanamiento ilegal. Se le impuso prisión preventiva por 90 días -en suspenso hasta que se resuelva su situación en el Consejo- y se ordenó la inhibición de sus bienes muebles e inmuebles por $1.500 millones.
Acorralado, Bailaque presentó recientemente su renuncia al cargo haciéndose efectiva a partir del próximo 1 de julio y la decisión de aceptarla o no está en manos del Poder Ejecutivo. Mientras tanto, el Consejo decidió avanzar con la investigación del expediente 129/2024, a cargo de los consejeros Álvaro González y Alberto Maques.
“En efecto, los hechos y situaciones que originaron este expediente generan en la sociedad una gran inquietud y zozobra, al tener como protagonista a un juez de la Nación, encargado de administrar justicia y sobre quien pesa la responsabilidad política de los actos que realice en ejercicio de sus funciones”, señala el dictamen al que accedió Diario Judicial.
La última palabra la tendrá el plenario, ya que deberá decidir si aprueba la suspensión del juez federal y avanza con su destitución ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación, tal como solicitaron los consejeros González y Maques.
Para los consejeros instructores, el juez “ha obrado con falta de integridad, de transparencia, de imparcialidad, de probidad y de decoro, exigida a los magistrados de la Nación” y “la probidad requerida para el mantenimiento del cargo se ve irreversiblemente afectada por intervenir, de manera contraria a la normativa de transparencia en los actos públicos y procesal aplicable, en asuntos bajo su jurisdicción, de manera sistemática y reiterada, conformando así un patrón de conducta impropio para un juez de la República”.
Consideraron que “el incurrir en graves desórdenes de conducta personal, al coordinar el inicio y la tramitación indebida de expedientes bajo su jurisdicción, resulta palmariamente una actitud indigna, merecedora del más alto reproche social”, al tiempo que advirtieron que “el comportamiento de un magistrado fuera de los estrados que la sociedad le ha confiado para que resuelva sobre la libertad, la honra y la fortuna de sus conciudadanos resulta, como se explicó una causal de mal desempeño, en términos constitucionales, y, en este caso, terminan de configurar un patrón de conducta reprochable”.
“En ese sentido, el mal desempeño también se configura a través de incumplir, de manera reiterada, normas legales y reglamentarias vigentes y haber tenido comportamientos contrarios al decoro y a la dignidad con la que debe obrar un juez de la Nació. Tales conductas son, en conjunto, inadmisibles para un juez de la Nación, tanto por su intrínseca ilegitimidad como porque colocan al magistrado en una situación tal que hace imposible el ejercicio adecuado de la función”.
La última palabra la tendrá el plenario, ya que deberá decidir si aprueba la suspensión del juez federal y avanza con su destitución ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación, tal como solicitaron los consejeros González y Maques.