El juez federal Marcelo Bailaque fue citado a realizar su descargo en términos del artículo 20 de la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación, en el marco del proceso disciplinario que avanza en su contras tras ser imputado por diversos delitos funcionales, entre ellos, prevaricato, extorsión e incumplimiento de los deberes de funcionario.
Todo comenzó el pasado 30 de abril, cuando el juez federal quedó imputado como autor de los delitos de extorsión, concusión, prevaricato, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, falsedad ideológica de documento público y allanamiento ilegal. En ese momento se le impuso prisión preventiva por 90 días -en suspenso hasta que se resuelva su situación en el Consejo- y se ordenó la inhibición de sus bienes muebles e inmuebles por 1.500 millones de pesos. Luego, la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario dispuso la prisión domiciliaria por 90 días por el "peligro de entorpecimiento de las investigaciones".
En primer lugar, se cuestiona el rol del juez en la tramitación de una causa por tráfico de estupefacientes contra el condenado narcotraficante Esteban Lindor Alvarado, que tramitaba desde 2013. En concreto, se le atribuyeron omisiones del magistrado, lo cual demoró el tratamiento de la causa.
En votación unánime de la comisión, se resolvió fijar audiencia para el próximo 17 de junio a las 10 horas a fin de que comparezca el magistrado, quien aún sigue al frente del Juzgado Federal N°4 de Rosario.
Los consejeros Álvaro González y Alberto Maques le imputaron tres cargos concretos: la presunta relación entre Bailaque, Gabriel Mizzau, Esteban Alvarado, su entorno y su entramado societario; la coordinación entre Bailaque, el titular de una finaciera Fernando Whpei y el exfuncionario de la AFIP (hoy ARCA) Carlos Vaudagna para perjudicar a dos personas a través de la creación de una causa penal a cargo de Bailaque; y la relación de amistad entre Whpei y Bailaque que haya afectado la imparcialidad del juez en una causa en la que Whpei resultó investigado y en un expediente donde la entidad financiera de Whpei fue ampliamente beneficiada.
El detalle de la investigación
En primer lugar, se cuestiona el rol del juez en la tramitación de una causa por tráfico de estupefacientes contra el condenado narcotraficante Esteban Lindor Alvarado, que tramitaba desde 2013. En concreto, se le atribuyeron omisiones del magistrado, lo cual demoró el tratamiento de la causa.
Según expuso el representante del Ministerio Público Fiscal, el funcionario judicial tenía como asesor contable personal a Mizzau, que a su vez prestaba asesoría al entramado de empresas vinculadas Alvarado y a su exmujer, Rosa Capuano, con quien el contador mantuvo contactos hasta septiembre de 2014. "Las omisiones, dilaciones y rechazos impidieron conocer la estructura criminal de la organización” que comandaba Alvarado, indicaron.
En una segunda causa, tramitada por PROCELAC, se investigan situaciones que derivaron en la posible comisión de los delitos funcionales, donde Bailaque fue imputado como autor de extorsión, concusión, prevaricato, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, falsedad ideológica de documento público y allanamiento ilegal. Según la teoría del fiscal, “en el marco de una relación de confianza y del trato social habitual, Bailaque, Carlos Vaudagna y Fernando Whpei orquestaron una causa penal" contra dos empresarios para dañar su imagen.
Finalmente, Bailaque fue imputado también por dictar resoluciones contrarias a derecho, lo cual configuró los presuntos delitos de incumplimiento de deberes de funcionario y prevaricato, para favorecer al empresario Whpei. La investigación está relacionada a la actuación del juez en la causa judicial donde se intervinieron fondos por mil millones de pesos de las Cooperativas de Trabajos Portuarios Limitada de las ciudades de Puerto General San Martin y San Lorenzo, provincia de Santa Fe, en favor de una financiera cuyo titular es Whpei.
En concreto, se investigan supuestas maniobras para direccionar 1.000 millones de pesos hacia una entidad financiera que preside Whpei, fondos inmovilizados en cuentas bancarias que correspondían a una cooperativa portuaria intervenida, en un proceso judicial que dirigió Bailaque.