La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) elaboró su primer informe estadístico sobre sentencias condenatorias en materia de lavado de activos.
La fiscalía a cargo de Diego Velasco elaboró el documento que eleva los datos respecto a los delitos precedentes detectados, los sujetos activos del blanqueo (casos autolavado y lavado de terceros), las penas aplicadas a las personas físicas y jurídicas, y las penas de prisión y multas impuestas, entre otras.
Del total de las sentencias analizadas, 11 fueron dictadas en 2019, 3 en 2020, 20 en 2021, 28 en 2022, 25 en 2023 y 4 en el primer trimestre de 2024.
El informe aseguró que "la mayoría de las operaciones de blanqueo de capitales en Argentina se circunscriben a despliegues de carácter doméstico”, aunque en algunos casos se evidenciaron “conexiones no sólo con países limítrofes de Argentina, sino también con jurisdicciones del Caribe, Norteamérica, Europa y Asia”.
De esas 91 condenas dictadas por los diversos TOCF de todo el país y TOPE entre enero 2019 y el 26 de marzo de 2024, la mayor parte se concentra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (20), seguida por las dictadas en las provincias de Buenos Aires (15), Santa Fe (10), Corrientes (9), Mendoza (9), Chaco (8), Entre Ríos (7), Córdoba (6), Salta (4), Río Negro (2) y Tierra del Fuego (1).
Respecto a los delitos precedentes -aquellos que originan los activos que se intentan ocultar o dotarlos de apariencia lícita-, la mayor cantidad de casos con sentencia tienen como actividad ilícita generadora al narcotráfico (60), seguido por delitos aduaneros (10), infracciones al régimen penal cambiario (8), delitos contra la propiedad -como estafas y defraudaciones, robo, usura- (7) y hechos de corrupción (7).
El documento también consigna algunos casos provenientes de actividades de intermediación financiera no autorizada (4), delitos tributarios (3) y trata de personas y migrantes (2).
El sistema legal argentino prevé la investigación del lavado de activos cuyos fondos provengan de ilícitos precedentes cometidos en el país como en el extranjero. Así, el informe consigna nueve sentencias en las que los fondos a lavar fueron generados fuera de la República Argentina.
También, de las sentencias analizadas se registraron seis condenas por lavado de activos por delitos autónomos, es decir, aquellos en los que se pudo establecer el origen ilícito de las ganancias sin que hubiese una investigación judicial en curso sobre el delito precedente.
Por otra parte, hubo 14 sentencias sobre casos en los que se detectaron e investigaron maniobras de lavado de activos de carácter trasnacional.
El informe aseguró que "la mayoría de las operaciones de blanqueo de capitales en Argentina se circunscriben a despliegues de carácter doméstico”, aunque en algunos casos se evidenciaron “conexiones no sólo con países limítrofes de Argentina, sino también con jurisdicciones del Caribe, Norteamérica, Europa y Asia”.
En los cinco años analizados, se condenaron a 310 personas físicas y a 26 personas jurídicas.
De las 26 sentencias relevadas que involucran a personas jurídicas, se verificó la imposición de cancelaciones de personería jurídica (22), seguida de la pérdida de beneficios estatales (17) y la publicación de extracto de la sentencia (17) y, por último, se registran penas de multas (5).
En su informe, la PROCELAC también señaló que 58 sentencias se dictaron en el marco de juicios abreviados y 34 lo fueron a través de la celebración de debates orales y públicos.