Luego de la advertencia del procurador Eduardo Casal donde aseguró que no hay recursos para la implementación del sistema acusatorio en los Tribunales de Comodoro Py, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) aseguró que las fiscalías de dicho fuero se encuentran en un estado “privilegiado” que permitiría la aplicación.
El argumento principal del organismo es que las fiscalías del distrito federal de la Ciudad de Buenos Aires (compuesto por Comodoro Py y el fuero Penal Económico) se encuentran en una situación altamente privilegiada en términos de recursos disponibles.
Para el INECIP, “pedir más recursos para las fiscalías federales y oponerse al traspaso de la Justicia Nacional a la CABA es incoherente. Uno de cada tres pesos destinados a fiscalías del MPFN se destinan a fiscalías que persiguen delitos ordinarios de la CABA”.
Tras más de una década de parálisis, resulta inaceptable que quienes no impulsaron los cambios necesarios hoy pidan “más tiempo” para “hacer las cosas bien”. Sólo un decidido boicot, arraigado en un apego a la distribución de poder actual, puede impedir la adecuada implementación del nuevo sistema, aseguró el INECIP.
En ese sentido, los penalistas explicaron que “las fiscalías federales con competencia penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) son las que tienen la menor cantidad de casos ingresados al año por fiscal disponible” y que “solo el 1 % de las condenas de Comodoro Py corresponden a delitos de alto impacto”.
“El sistema acusatorio es imprescindible para optimizar el uso de los recursos y mejorar la actual tasa de 1 % de eficacia político-criminal”, remarcó el informe presentado.
Para el INECIP, “pedir más recursos para las fiscalías federales y oponerse al traspaso de la Justicia Nacional a la CABA es incoherente. Uno de cada tres pesos destinados a fiscalías del MPFN se destinan a fiscalías que persiguen delitos ordinarios de la CABA”.
El organismo destacó que “la ley de implementación marca una readecuación esencial: el traslado de personal de los juzgados a los Ministerios Públicos. Es clave que se operativicen estos traspasos, permitiendo que el personal de juzgados y tribunales —que quedarán progresivamente ociosos— sea reasignado a fiscalías, defensorías y oficinas judiciales”.
“La única forma de revertir décadas de ineficacia y arbitrariedad judicial es avanzar decididamente hacia la implementación del sistema acusatorio, tal como se ha hecho en otras jurisdicciones del país”.
“Quienes hoy presentan excusas orientadas a suspender la implementación del sistema acusatorio o a apostar a su fracaso, tienen en sus manos la responsabilidad y los recursos suficientes para darle a la sociedad argentina la calidad de justicia que nuestra democracia requiere”, concluyó el informe.