El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal publicó un comunicado en su página web en rechazo a la pretensión de incluir a los abogados como sujetos obligados ante la Unidad de Información Financiera ante la posible modificación de la Ley N° 25.246.
En el mismo “requiere” al Poder Ejecutivo Nacional que no se incluya a los profesionales del derecho en la supuesta modificación que según trascendió se podía estar dictando a través de un decreto nacional, lo que para las autoridades del Colegio “supondría una violación por parte del Poder Ejecutivo de la prohibición que la Constitución Nacional le impone para legislar en materia penal”.
Si bien el texto del supuesto decreto aún no ha trascendido, advirtieron que “la inclusión impondría a los abogados una serie de deberes, cuyo incumplimiento traería aparejado sanciones de tipo penal” al estar previsto en la norma actual ese tipo de consecuencias para los sujetos obligados.
La inclusión impondría a los abogados una serie de deberes, cuyo incumplimiento traería aparejado sanciones de tipo penal… esta modificación impacta directamente en la relación entre el profesional y su cliente representando “un serio menoscabo sobre garantías penales de raigambre constitucional, como el derecho de defensa y la prohibición de declarar contra uno mismo”.
Para las autoridades del foro, “esta modificación impacta directamente en la relación entre el profesional y su cliente” representando “un serio menoscabo sobre garantías penales de raigambre constitucional, como el derecho de defensa y la prohibición de declarar contra uno mismo”.
“Vemos con gran preocupación la posible confusión entre maniobras de índole criminal y tareas desarrolladas por los profesionales en el exclusivo ejercicio de su deber profesional”, advirtieron en el escrito, lo que además constituiría una forma de intervenir en materia penal al ampliar el rango de acciones y omisiones pasibles de ser alcanzadas con la figura del lavado de activos, todo lo cual contrariaría el principio de legalidad estricta que exige que las normas tributarias sean sancionadas por el Congreso al igual que las de materia penal.
Desde el Colegio resaltaron que este tipo de figuras cuyo parámetro de indexación es el SMVM ante la depreciación del mismo implica que en la práctica cada vez más casos deban ser registrados y reportados aunque tengan poca relevancia económica y no se vinculen a los fenómenos criminales que se busca atacar, lo que para el libre ejercicio profesional implicaría una nueva carga administrativa que el Estado pretende imponer a los abogados imponiéndole un deber que insumirá gran cantidad de recursos, sin que siquiera tanga un efecto relevante en el combate contra el terrorismo o el narcotráfico, dado que la mayoría de los casos reportados quedan fuera del ámbito penal y administrativo sancionador según un reporte de la propia UIF.