La Legislatura de Neuquén comenzó a analizar un proyecto de ley sobre reiterancia delictiva como causal autónoma para dictar prisión preventiva.
El texto modifica el artículo 114, referido a la prisión preventiva, y se incorpora el artículo 114 quinquies de reiterancia delictiva al Código Procesal Penal. Según el texto, se trata de uno de los “factores generadores de peligros procesales a considerar al momento de rechazar el beneficio de la excarcelación, que fuera solicitado en beneficio de un imputado en una causa por un delito que conlleve pena privativa de la libertad; incorporando la misma como una pauta objetiva a evaluar por jueces y fiscales, que tiene entidad suficiente para sustentar la presunción de que, de recuperar la libertad, el imputado intentará eludir la acción de la justicia”.
“Es decir que con la reiterancia se busca que un delincuente espere el juicio preso y se diferencia de la reincidencia, en que ésta habilita la posibilidad de que el delincuente permanezca en libertad durante el proceso judicial (que puede durar años), con la posibilidad de seguir delinquiendo. La reiterancia le proporciona a los fiscales una herramienta para poder aplicar medidas de coerción limitantes de la libertad a sujetos que caen por sospecha de un delito y tienen antecedentes, aun cuando en estos antecedentes todavía no haya recaído condena, que es cuando se habla de reincidencia”, agrega en sus fundamentos.
El proyecto recibió fuertes críticas. En este sentido, la defensora general, Vanina Merlo, advirtió sobre su inconstitucionalidad mediante una presentada en Mesa de Entradas y será girada a la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia en el marco del tratamiento de la iniciativa.
Según datos aportados por el organismo, de aprobarse el proyecto, las prisiones preventivas se incrementarían en un 394%, pasando de 109 a 538 personas procesadas bajo encierro.
En un informe elevado a la comisión, la defensora general subrayó que la iniciativa contraviene el principio de presunción de inocencia y vulnera el derecho a la libertad durante el proceso penal, pilares reconocidos por la Constitución Nacional y por Tratados Internacionales de Derechos Humanos suscriptos por la Argentina.
“El proyecto habilita una presunción automática de riesgo procesal por el solo hecho de que una persona tenga más de una causa abierta, aunque ninguna cuente con sentencia. Esto convierte a la reiterancia en una excusa para aplicar prisión preventiva sin justificación individualizada, desnaturalizando su carácter excepcional y cautelar”, explicó Merlo.
Además, la titular del MPD remarcó que la modificación implicaría un drástico incremento de personas detenidas sin condena firme, lo que agravaría aún más la situación de emergencia carcelaria que atraviesa la provincia. Según datos aportados por el organismo, de aprobarse el proyecto, las prisiones preventivas se incrementarían en un 394%, pasando de 109 a 538 personas procesadas bajo encierro.
"Esta propuesta no solo es regresiva en términos de estándares constitucionales y convencionales, sino también inviable desde una perspectiva operativa y humanitaria”, dijo y cuestionó que se confunda la finalidad de la prisión preventiva con la de la pena: “La prisión preventiva no puede ser utilizada como herramienta para reducir el delito o para brindar sensación de seguridad. Su único objetivo válido es cautelar el proceso judicial. Lo contrario implica un uso punitivo anticipado incompatible con un Estado de Derecho”, concluyó la representante del MPD neuquino.