La jueza Mariana Wallace ordenó la búsqueda del paradero del Sr. G., un jubilado de 79 años denunciado por violencia familiar, quien se ha negado reiteradamente a cumplir la colocación de un dispositivo dual de monitoreo ( más conocido como tobillera electrónica).
La medida, impuesta en diciembre pasado tras una escalada de agresiones contra su expareja, continúa sin ejecutarse debido a las maniobras dilatorias del imputado, quien habría viajado a La Rioja para evitar su cumplimiento.
Según consta en la resolución, el Estado ha intervenido en la relación del Sr. G. y su expareja durante los últimos quince años a raíz de múltiples denuncias de violencia familiar. Wallace enfatizó que, lejos de cumplir con las medidas impuestas, el acusado ha desplegado estrategias judiciales para eludirlas, lo que ha llevado a un endurecimiento progresivo de las disposiciones de protección. La magistrada subrayó que la negativa a colocarse la tobillera responde a un incumplimiento deliberado y no a una falta de acceso a la justicia.
"Este adulto mayor no exhibe un mínimo de elementos objetivos más que su edad para ser considerado vulnerable, menos aún para eximirse de los deberes de cualquier ciudadano”,
El expediente refleja que el imputado presentó cinco recursos judiciales con distintos abogados para frenar la colocación del dispositivo de control, todos ellos resueltos y notificados en el mismo día. Sin embargo, más que una estrategia coherente de defensa, la jueza observó una serie de contradicciones en sus alegatos. “Pasa de viajar a La Rioja por motivos laborales a estar cuasi postrado por su condición de fragilidad en materia de salud, lo cual no se acredita ni aun mínimamente”, señaló Wallace en su fallo.
Asimismo, la jueza rechazó la posibilidad de que la edad del imputado pueda ser utilizada como argumento para eludir sus obligaciones. Si bien reconoció que el Sr. G. pertenece a la franja etaria de adultos mayores, indicó que esto no implica, en sí mismo, una condición de vulnerabilidad que justifique su incumplimiento. “Muy por el contrario, viene desplegando su autonomía de la voluntad con mucho éxito ante el sistema de justicia (…) Este adulto mayor no exhibe un mínimo de elementos objetivos más que su edad para ser considerado vulnerable, menos aún para eximirse de los deberes de cualquier ciudadano”, enfatizó.
En su resolución, Wallace también ordenó que el Refugio de Cáritas brinde alojamiento al Sr. G. por cinco días, ya que pesa sobre él una orden de exclusión de su domicilio. Durante ese período, el imputado deberá organizar un nuevo lugar de residencia donde pueda instalarse de manera estable.
Con esta decisión, la justicia refuerza la aplicación de medidas de protección en casos de violencia familiar y deja en claro que la edad o las maniobras dilatorias no pueden ser utilizadas como excusa para evitar el cumplimiento de una orden judicial.