Un insólito caso ocurrido en la provincia de Buenos Aires involucró a un hombre y uno de sus empleados, que luego de una discusión terminó con la muerte del dependiente y una investigación por homicidio simple.
Lo sorprendente de la historia es que el empleado que solicitaba un aumento de sueldo, enojado agarró una varilla de madera que estaba en el fuego y le propinó un golpe por la espalda a su jefe y continuó atacándolo a golpes hasta que el jefe sacó cuchillo para defenderse y en el forcejeo terminó hiriéndolo de muerte.
Fue entonces que en el expediente “O. J. I. s/ incidente de prisión preventiva”, la defensa del empleador solicitó que pueda tramitar el proceso en libertad por falta de mérito al haber actuado en legítima defensa, sin embargo, la petición fue rechazada por el Juzgado de Garantías de Bahía Blanca, con sede en Tres Arroyos, donde se dispuso la prisión preventiva del acusado.
La decisión fue apelada a la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Bahía Blanca, donde la defensa cuestionó que la magistrada pese a advertir la coincidencia entre las declaraciones del imputados y de los testigos presentes, descartó la justificación de legitima defensa por la diferencia entre los medios empleados (arma blanca vs. varilla con fuego) y las contexturas físicas de la víctima y el victimario que favorecían al empleador.
Los camaristas… decidieron admitir el recurso y ordenaron la inmediata libertad del hombre, dado que el caso requería de mayor indagación tanto de los testigos como de las médicas que intervinieron en la autopsia, sin que se observe en principio una “desproporción tal como para descartar la figura del artículo 34 del C.P. desde que el legislador nacional no requiere una equivalencia absoluta (máxime si se tiene en cuenta cómo fue el primer ataque y el extremo de que el cuchillo era portado en forma permanente por O.)”.
En tal sentido, el recurrente cuestionó que estaba reconocido que el imputado se encontraba de espaldas al agresor y semiencogido y que la víctima tenía una fuerza especial por hacer trabajo pesado, por lo cual los elementos valorados por la jueza no serían suficientes.
Sumado a ello, expuso que el acusado recibió dos golpes con el palo incendiado, uno de los cuales le impactó en la cabeza quemándole la gorra que tenía puesta. De los certificados médicos no se advertía una agresión de gran envergadura al no haber tocado órganos vitales, sino que el imputado buscaba defenderse para que el otro pare de golpearlo pero nunca matarlo, tal es así que incluso intentó socorrer a la víctima y lo llevó hasta la sala de primeros auxilios, para después acudir a la policía a contar lo sucedido.
Finalmente, los camaristas Natalia Margarita Giombi y Gustavo Ángel Barbieri decidieron admitir el recurso y ordenaron la inmediata libertad del hombre, dado que el caso requería de mayor indagación tanto de los testigos como de las médicas que intervinieron en la autopsia, sin que se observe en principio una “desproporción tal como para descartar la figura del artículo 34 del C.P. desde que el legislador nacional no requiere una equivalencia absoluta (máxime si se tiene en cuenta cómo fue el primer ataque y el extremo de que el cuchillo era portado en forma permanente por O.)”.
En este sentido, coincidieron en que “no se ha arribado al grado de probabilidad positiva que exige el rito para el mantenimiento de la cautelar; sin perjuicio de que la actividad fiscal posterior (con la posibildiad de ofrecimientos de la defensa), permitan incorporar nuevos elementos de convicción o mejorar la calidad de los existentes, con el fin de reforzar alguna de las hipótesis”.