Las fuentes precisaron que Oyarbide también procesó al letrado, Ernesto Galante, como supuesto “partícipe necesario” de la maniobra. El abogado había iniciado un juicio por 128 millones de dólares por discrepancias en el pago de honorarios por su intervención en la quiebra de Celulosa Argentina, una sociedad del Estado. La pretención fue rechazada por la Corte Suprema, por lo que Galante recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En ese momento aparece Martínez Ríos, quien en su carácter de funcionaria en la Cancillería gestionó un acuerdo extrajudicial para que el abogado desistiera de su demanda ante el tribunal internacional a cambio de 100 millones de dólares, que se concretó el 9 de diciembre de 1999, en el último día del gobierno de Carlos Menem.
Así se inició una causa promovida por la Oficina Anticorrupción, en la que se calificaba de “nulo e ilícito” el acuerdo celebrado por Martínez Ríos con Galante. En ese momento, el procurador del Estado, Ernesto Marcer, dijo que “el pacto es una liberalidad destinada a compensar a Galante lo que en sede judicial -la Corte- le ha sido denegado por improcedente". Finalmente, el gobierno de De la Rúa no promulgó el decreto, por lo cual Galante completó su denuncia ante la CIDH, pero el año pasado ese tribunal le negó la procedencia, en un fallo que trajo alivio al Estado en el plano económico y también en el jurídico, ya que la Comisión entendió que su labor no es de “cuarta instancia” para revisar fallos de los tribunales nacionales, a menos que exista una violación a las garantías establecidas en la Convención Americana.
En la causa declaró por escrito en los último días el ministro de la Corte Suprema Carlos Fayt, quien en su momento fue el encargado de monitorear el reclamo de honorarios de Galante ante el Máximo Tribunal.