La Cámara dejó sin efecto el procesamiento que había dispuesto el juez federal Norberto Oyarbide en noviembre último, al tiempo que ordenó la ampliación de la investigación y el dictado de la "falta de mérito" para ambos imputados.
Martínez Ríos y Galante habían sido procesados por la firma de un convenio que habilitaba al abogado a cobrar honorarios por 100 millones de dólares, por su intervención como síndico del Estado en la quiebra de Celulosa Argentina.
El abogado había presentado una demanda por un total de 128 millones, pero la Corte Suprema rechazó la pretensión. Así, Galante recurrió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que le provocó un duro enfrentamiento profesional y hasta personal con algunos de los miembros del más Alto Tribunal.
El decreto autorizando el pago se firmó el 9 de diciembre de 1999 pero el gobierno de Fernando De la Rúa no lo promulgó. Sin embargo, después la misma Comisión Interamericana rechazó la presentación de Galante, aunque siguió su curso la causa contra Martínez Ríos.
En noviembre pasado, Oyarbide procesó a la ex funcionaria por el delito presunto de “negociaciones incompatibles con la función pública” y entendió que Galante era supuesto “partícipe necesario” de la maniobra.
Sin embargo, ahora los camaristas Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Vigliani entendieron que en la pesquisa había "contradicciones profundas", sobre las que debía avanzar la pesquisa antes de dictar una resolución y consideraron además que tampoco quedó acreditado si Martínez Ríos "contaba o no con facultades" como para la firma de ese acuerdo con Galante.