La Sala A de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de General Pico confirmó la prórroga por otros 60 días de las medidas de protección que impiden a una mujer acercarse y mantener contacto con su hijo menor de edad.
La decisión fue adoptada por los jueces Roberto M. Ibáñez y Mariano C. Martín, quienes rechazaron el recurso presentado por la progenitora contra la resolución de primera instancia. La mujer había cuestionado la continuidad de las restricciones al considerar que no existían hechos actuales que justificaran una prohibición de contacto, que no había podido acceder al informe del organismo de Niñez utilizado para fundamentar la decisión y que tampoco se habían evaluado alternativas menos restrictivas, como encuentros supervisados o comunicaciones progresivas.
Sin embargo, los camaristas entendieron que el nuevo informe profesional, elaborado por la Unidad Regional de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, aportaba elementos suficientes para mantener las medidas.
Uno de los puntos centrales fue la evolución del niño durante el período en que estuvieron vigentes las restricciones. Según el equipo interviniente, se observaron mejoras en sus relaciones interpersonales, mayor participación en actividades sociales, educativas y recreativas, y una disminución de determinadas conductas de autoexigencia.
En ese sentido, el informe destacó que los cambios positivos "resultan concordantes con lo informado por los diferentes actores que participan activamente en los distintos ámbitos de la vida del niño". Además, los profesionales fueron contundentes respecto de la incidencia de las restricciones en esa evolución y advirtieron que "la interrupción del contacto maternofilial funciona como un factor de protección".
Por otra parte, el equipo señaló que no había advertido avances significativos en el proceso de revisión de las modalidades vinculares de la progenitora. Según la evaluación, la mujer continuaba sin reconocer situaciones de maltrato psicológico y emocional, así como conductas de control e interferencia identificadas durante las intervenciones.
Para la Cámara pampeana, esas circunstancias permitían sostener que el restablecimiento del contacto podía exponer nuevamente al niño a dinámicas perjudiciales para su integridad psicológica y emocional.
"La finalidad preventiva de estas medidas perdería buena parte de su eficacia si su continuidad quedara condicionada a que se produzca un nuevo daño antes de que el órgano jurisdiccional pudiera intervenir", sostuvo Ibáñez en su voto.
Tampoco prosperó el planteo vinculado con el carácter reservado del informe de Niñez. La Cámara consideró que la confidencialidad debía preservarse porque el propio niño había solicitado que sus manifestaciones personales no fueran divulgadas. En ese punto, el magistrado sostuvo que el derecho de defensa de la progenitora no podía interpretarse de manera aislada de los derechos del niño, especialmente de su intimidad y de su derecho a expresarse libremente ante los profesionales.
"Por el bienestar del niño, resulta indispensable que ambos progenitores colaboren con los organismos especializados, respeten las indicaciones profesionales y sostengan los espacios de acompañamiento terapéutico", concluyó la sentencia.
Los camaristas también rechazaron la posibilidad de establecer encuentros supervisados o comunicaciones progresivas. Entendieron, asimismo, que no existían elementos técnicos actuales que permitieran considerar adecuada esa modificación.
De todos modos, aclararon que la decisión no es definitiva sobre el vínculo familiar. Las restricciones tienen una duración determinada de 60 días y contemplan la posibilidad de encuentros puntuales de revinculación cuando así lo dispongan los organismos administrativos competentes.
Finalmente, la Cámara hizo un llamado a ambos progenitores frente al nivel de conflictividad familiar y señaló que, en apenas dos meses, debió intervenir en dos oportunidades por la continuidad de las mismas medidas. "Por el bienestar del niño, resulta indispensable que ambos progenitores colaboren con los organismos especializados, respeten las indicaciones profesionales y sostengan los espacios de acompañamiento terapéutico", concluyó la sentencia.