El proceso de implementación de la Justicia del Trabajo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sumó un foco de alta tensión institucional en torno a la etapa prejudicial de resolución de conflictos.
Frente al proyecto de ley que impulsa la creación de un Servicio de Conciliación Laboral Previa y Obligatoria local junto a un nuevo registro de profesionales, los 180 integrantes del Registro Nacional de Conciliadores Laborales (RENACLO) comenzaron a articular reclamos para ser incorporados de manera directa a la estructura porteña mediante el reconocimiento íntegro de su trayectoria.
El principal motivo de preocupación radica en los términos de la iniciativa parlamentaria que se debate en la Legislatura capitalina, la cual omite contemplar una pasarela de transición funcional para quienes hoy desempeñan tareas en el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO).
"El proyecto contempla la creación del nuevo sistema, pero no establece un mecanismo específico de reconocimiento, incorporación o transición para los actuales conciliadores del SECLO nacional", explicaron fuentes de la Asociación de Conciliadores Laborales (ACLARAM) en un informe técnico al que accedió este medio. Esta laguna legal disparó un manto de incertidumbre entre los letrados en ejercicio y abrió serios interrogantes operativos respecto de la capacidad de respuesta que tendrá la flamante estructura local desde su primer día de funcionamiento.
Para dimensionar el impacto de la eventual exclusión, desde la organización profesional pusieron sobre la mesa el volumen cuantitativo que procesa cotidianamente el fuero prejudicial nacional. De acuerdo con las estadísticas que manejan en el sector, el cuerpo de conciliadores absorbe una demanda de aproximadamente 69.000 reclamos por año, alcanzando una tasa de acuerdos que ronda el 44% en sede previa.
Desde ACLARAM remarcaron que "los 180 conciliadores laborales que integran el Registro Nacional de Conciliadores Laborales fueron seleccionados por el Estado Nacional mediante concursos públicos, atravesaron procesos de capacitación y evaluación y se encuentran habilitados específicamente para ejercer la función conciliadora",
En los pasillos tribunalicios advierten que evitar que cuatro de cada diez expedientes escalen a juicio constituye un dique indispensable para no colapsar los futuros juzgados laborales de la Ciudad con litigios tempranos.
A la par de las cifras de rendimiento, en las filas de los conciliadores destacan el proceso de acreditación técnica que avala sus designaciones en el fuero. Desde ACLARAM remarcaron que "los 180 conciliadores laborales que integran el Registro Nacional de Conciliadores Laborales fueron seleccionados por el Estado Nacional mediante concursos públicos, atravesaron procesos de capacitación y evaluación y se encuentran habilitados específicamente para ejercer la función conciliadora", diferenciando su calificación especializada de cualquier intento de conformar un padrón sin antecedentes específicos en materia laboral.
"Si se crea un nuevo sistema de conciliación laboral, existe un cuerpo profesional que ya conoce la tarea y que puede poner esa experiencia al servicio de la nueva estructura", explicaron desde la entidad,
Frente a este escenario de indefinición, un colectivo de abogados laboralistas lanzó una convocatoria pública para sumar firmas de adhesión a la iniciativa a través de un formulario digital, buscando darle peso gremial a la propuesta de integración directa. En el ámbito parlamentario, en tanto, la entidad que nuclea a los conciliadores mantiene canales de diálogo abiertos con autoridades del Gobierno de la Ciudad y legisladores para sugerir modificaciones técnicas al articulado normativo antes de su tratamiento final en el recinto.
Desde la asociación profesional sostienen que desechar la experiencia acumulada a lo largo de casi tres décadas de funcionamiento del SECLO representaría un retroceso en términos de eficiencia institucional. "Si se crea un nuevo sistema de conciliación laboral, existe un cuerpo profesional que ya conoce la tarea y que puede poner esa experiencia al servicio de la nueva estructura", explicaron desde la entidad, aclarando que la propuesta contempla que, una vez absorbida la dotación inicial, las vacantes posteriores se concursen por oposición y antecedentes.
La discusión permanece abierta en las comisiones de la Legislatura, mientras en el ámbito profesional crecen las dudas sobre el destino del personal habilitado, la validez de los criterios homologatorios y el futuro régimen disciplinario que regirá en la jurisdicción.
Si bien los representantes del sector apuestan a resolver el encuadre por los carriles del consenso político, ya dejaron constancia de que no descartan apelar a instancias legales en caso de que la ley final consagre una exclusión arbitraria de la matrícula preexistente.
El debate sobre el diseño del traspaso laboral de la Ciudad ingresó así en una zona de definiciones prácticas donde convergen la política institucional y la garantía del servicio.
Para los conciliadores del SECLO, la clave del éxito del nuevo esquema radica en concebir la transferencia como una transición armónica y no como una ruptura traumática, bajo la premisa de que "la creación de un nuevo servicio no necesariamente requiere descartar la experiencia del servicio existente".