El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja puso en marcha una operatoria coordinada que moviliza recursos jurisdiccionales, operativos y económicos para agilizar el cumplimiento de la Ley Provincial 10.901, que establece por 180 días corridos la suspensión de determinadas medidas de embargo y ejecución vinculadas con créditos de consumo. Explicaron, en este sentrido, que la medida implica mucho más que la suspensión dispuesta por la ley, ya que "requiere analizar expedientes, emitir las correspondientes órdenes judiciales y lograr que esas decisiones lleguen a tiempo a empleadores y organismos antes de que se produzcan las retenciones". Para ello, el TSJ dispuso recursos económicos, humanos, vehículos y mecanismos de coordinación destinados a agilizar el procedimiento en toda la provincia.