El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) manifestó su preocupación por algunas normas incluidas en el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso. La entidad sostuvo que la defensa de la soberanía y la protección de las instituciones democráticas frente a injerencias extranjeras son objetivos legítimos, pero advirtió que las herramientas para alcanzarlos deben respetar los derechos y garantías establecidos por la Constitución Nacional. En particular, cuestionó la vaguedad de algunas conductas previstas como pasibles de sanciones penales o administrativas y señaló que el principio de legalidad exige que las conductas prohibidas estén claramente determinadas. El Colegio también puso el foco en las figuras vinculadas con la interferencia en procesos electorales y las denominadas campañas de “desinformación masiva”, al advertir que su amplitud podría afectar la libertad de expresión, la circulación de información y la participación en el debate público. Asimismo, planteó la necesidad de revisar las facultades para adoptar medidas preventivas antes de una decisión definitiva, en relación con el debido proceso, el derecho de defensa y la tutela judicial efectiva.