La Corte Suprema desestimó la queja presentada por la diputada Marcela Pagano y el abogado Franco Bindi, quienes buscaban acceder al expediente en el que fueron mencionados en una investigación por la presunta obtención y difusión ilegal de conversaciones privadas de funcionarios del Gobierno.
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti consideraron que el recurso no estaba dirigido contra una sentencia definitiva ni contra una resolución que pudiera ser equiparada a ella. De esta manera, quedó firme el criterio adoptado previamente por el juez federal Julián Ercolini, la Cámara Federal y la Cámara Federal de Casación Penal.
La investigación comenzó a partir de una denuncia del Gobierno nacional por una supuesta organización dedicada a obtener, editar y difundir conversaciones privadas, entre ellas los audios de Diego Spagnuolo y Karina Milei. El expediente está a cargo de Ercolini, con intervención del fiscal Carlos Stornelli, y la defensa había solicitado acceder a las actuaciones pese a que Pagano y Bindi no se encontraban formalmente imputados.
El planteo también había sido rechazado por la Sala II de la Cámara Federal y por la Sala III de Casación, integrada por Carlos Mahiques, Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani. La Corte, sin ingresar al fondo de la investigación ni pronunciarse sobre la eventual responsabilidad de los nombrados, desestimó la queja por cuestiones vinculadas con la naturaleza de la resolución recurrida.