El juez Marcelo Rubio admitió las pruebas presentadas por el Ministerio Público Fiscal en la causa que investiga la venta irregular de actas de nacimiento, matrimonio y defunción del Registro Civil. La decisión fue adoptada durante una audiencia multipropósito de prueba, en la que intervino Eugenia López Ahanduni, auxiliar fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos.
La investigación se inició en 2021 a partir de una denuncia. Entre los imputados se encuentran un exasesor jurídico del organismo, dos empleados del Archivo y un permisionario de estacionamiento medido. Los acusados están investigados por fraude en perjuicio de la administración pública, concusión y asociación ilícita. Al permisionario se le atribuye una participación necesaria. Conforme surge del expediente, el permisionario habría contactado a los interesados, cobrado el dinero y gestionado las actas a través de sus contactos dentro del Registro Civil. Los documentos se emitían como “trámite oficial”, sin abonar la tasa correspondiente, y luego se vendían por montos superiores a los establecidos oficialmente.
La acusación sostiene que la maniobra se habría repetido en varias ocasiones y que los involucrados habrían cumplido funciones diferenciadas.