Mendoza va por la ciberseguridad

Comenzó a debatirse el proyecto de Ley de Ciberseguridad destinado a establecer un marco institucional para la gobernanza, gestión del riesgo y protección de los sistemas, datos e infraestructura digital del Estado.

La iniciativa, impulsada por la provincia de Mendoza, forma parte de una estrategia de seguridad pública que incorpora al ciberespacio como un ámbito en el que también deben prevenirse y responderse amenazas, delitos y ataques informáticos.

Uno de los principales objetivos del proyecto es evitar que un ataque informático pueda interrumpir o afectar servicios esenciales para la población. También propone crear un comité ejecutivo integrado por especialistas y referentes informáticos de las distintas áreas del Gobierno provincial, con el objetivo de realizar un diagnóstico general sobre la situación de la ciberseguridad en Mendoza y elaborar un plan provincial con las acciones, prioridades, herramientas y protocolos necesarios.

Otro de los ejes de la iniciativa es el régimen de gobierno de datos, que comprende todo el ciclo de vida de la información —desde su creación hasta su eliminación segura— e incorpora obligaciones sobre trazabilidad, seguridad, intercambio y conservación de datos.

La iniciativa también contempla la creación de una autoridad de ejecución operativa, encargada de implementar las medidas técnicas definidas en el plan, según se desprende del texto.

El proyecto alcanza al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y al Poder Judicial provincial, así como a terceros que presten servicios tecnológicos, de infraestructura, conectividad, software, procesamiento o custodia de información para el Estado y a prestadores de servicios críticos esenciales.

Otro de los ejes de la iniciativa es el régimen de gobierno de datos, que comprende todo el ciclo de vida de la información —desde su creación hasta su eliminación segura— e incorpora obligaciones sobre trazabilidad, seguridad, intercambio y conservación de datos.

La propuesta incorpora además un régimen sancionatorio para los organismos alcanzados que incumplan los estándares obligatorios, omitan reportar incidentes u obstaculicen auditorías, con medidas que van desde advertencias e intimaciones hasta auditorías extraordinarias, restricciones de interconexión e inicio de actuaciones administrativas o contractuales.