28 de July de 2026
Edición 7503
Próxima Actualización: 29/07/2026
El ingreso al Palacio de Justicia de la Nación cambiará en las próximas semanas. La Corte Suprema anunció la instalación de un nuevo sistema de control de acceso que utilizará reconocimiento facial para identificar al personal que trabaja en el edificio ubicado en Talcahuano 550 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Según informó el Máximo Tribunal, el empadronamiento se realizará de manera progresiva y el mecanismo comenzará a funcionar una vez finalizada esa etapa. Cada molinete tendrá capacidad para reconocer hasta 40 rostros por minuto, con el objetivo declarado de lograr un acceso “más ágil, seguro y ordenado”.
“La nueva infraestructura incorpora tecnología de reconocimiento facial para el ingreso del personal que desempeña funciones en el edificio”, señala el comunicado. También agrega que el sistema permitirá “gestionar el acceso de las personas que concurran al Palacio de Justicia”, aunque no precisa si los abogados, litigantes, periodistas y visitantes deberán registrar sus rostros o si contarán con un procedimiento diferente.
La contratación se inició mediante la Licitación Pública 472/2025, correspondiente al expediente 6411/2025, cuyo objeto fue la provisión, instalación y puesta en marcha de un sistema de control de acceso destinado al Palacio de Justicia.
El llamado fue publicado en diciembre de 2025 y estableció como marco normativo el Régimen de Contrataciones aprobado por la Acordada 38/2023. La apertura de ofertas, inicialmente programada para el 19 de febrero de 2026, fue prorrogada hasta el día siguiente.
El anuncio tampoco explica si las imágenes quedarán almacenadas o serán convertidas inmediatamente en plantillas matemáticas; si la base permanecerá dentro de la infraestructura del Poder Judicial o será gestionada por una empresa; qué funcionarios podrán consultarla; qué medidas se adoptarán frente a accesos indebidos, filtraciones o errores de identificación; ni cuál será el plazo de conservación de la información.
En los materiales difundidos no aparece el texto de una resolución específica que reglamente la utilización del reconocimiento facial. Tampoco se informaron públicamente las condiciones bajo las cuales se recopilarán, conservarán y eventualmente eliminarán los patrones biométricos generados a partir de las imágenes.
La Acordada 38/2023 mencionada en la licitación establece el régimen general de compras y contrataciones de la Corte. No constituye, por sí misma, una regulación sobre reconocimiento facial ni determina las obligaciones particulares vinculadas con el tratamiento de datos biométricos.
El anuncio tampoco explica si las imágenes quedarán almacenadas o serán convertidas inmediatamente en plantillas matemáticas; si la base permanecerá dentro de la infraestructura del Poder Judicial o será gestionada por una empresa; qué funcionarios podrán consultarla; qué medidas se adoptarán frente a accesos indebidos, filtraciones o errores de identificación; ni cuál será el plazo de conservación de la información.
Son preguntas relevantes porque el reconocimiento facial no se limita a verificar una credencial: utiliza características físicas propias de cada persona para identificarla. A diferencia de una contraseña, esos rasgos no pueden ser reemplazados si resultan comprometidos.
La Agencia de Acceso a la Información Pública ha señalado que quienes entregan datos personales tienen derecho a conocer cuál será su destino, para qué serán utilizados, dónde quedarán almacenados, con quién serán compartidos y cuáles podrían ser las consecuencias de su tratamiento. También reconoce los derechos de acceso, rectificación, actualización y, cuando corresponda, supresión.
En investigaciones vinculadas con el escaneo facial y del iris, la autoridad de control requirió precisiones sobre las categorías de información procesadas, los fines perseguidos, los plazos de conservación, las medidas de seguridad y la realización de una evaluación de impacto. Esos mismos interrogantes aparecen frente al nuevo sistema que comenzará a operar en el principal edificio judicial del país.
Por ahora, la Corte confirmó que la instalación se encuentra en marcha y que el reconocimiento facial será utilizado para el personal. La fecha exacta de entrada en funcionamiento, el alcance sobre los visitantes y las reglas aplicables a la futura base biométrica todavía no fueron informados.