La queja quedó libre

La Corte Suprema de Justicia desestimó los planteos impulsados por el Estado Nacional en el marco de la causa iniciada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) contra el Poder Ejecutivo por el Decreto 759/25 vinculado al financiamiento universitario.

Vale recordar que, tras la sanción de la Ley 27795, el Poder Ejecutivo, mediante dicho decreto, suspendió la aplicación de la norma, al argumentar que la ley no autorizaba o disponía gastos para prever en forma expresa el financiamiento universitario.

Con las firmas de Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosatti y Carlos Rosenkrantz, el Máximo Tribunal rechazó la presentación interpuesta por el Poder Ejecutivo Nacional -Ministerio de Capital Humano, Secretaría de Educación- al concluir que el recurso extraordinario cuya denegación parcial originó la queja "no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal", en los términos del artículo 14 de la Ley 48.

Asimismo, los ministros desestimaron el pedido de excusación formulado por la demandada y remitieron a lo decidido el pasado 4 de junio en el expediente "Consejo Interuniversitario Nacional y otros c/ EN – PEN – Dto. 759/25 s/ inc. recusación con causa parte demandada".

Sin embargo, el Gobierno nacional sostiene que la implementación de la normativa debía estar supeditada a la disponibilidad presupuestaria y a la definición de fuentes de financiamiento.

La causa se tramita en los autos "Consejo Interuniversitario Nacional y otros c/ EN – PEN – Dto. 759/25", con intervención del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 11 y de la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.

En marzo pasado, la Cámara confirmó una medida cautelar que obliga al Estado nacional a actualizar los salarios docentes y las becas universitarias, en el marco de la ley de financiamiento aprobada por el Congreso.

La sentencia ratificó el fallo de primera instancia que había ordenado la aplicación inmediata de los mecanismos de actualización previstos en la norma, al considerar que la falta de ejecución por parte del Poder Ejecutivo generó un deterioro concreto en el funcionamiento del sistema universitario.

Sin embargo, el Gobierno nacional sostiene que la implementación de la normativa debía estar supeditada a la disponibilidad presupuestaria y a la definición de fuentes de financiamiento. Días atrás y mientras el reclamo judicial seguía su curso, las partes alcanzaron un acuerdo salarial y presupuestario que incluye una recomposición del 24,33% -escalonado con 21,33% en junio y un 3% adicional en octubre-, un aumento del 20% para gastos de funcionamiento y partidas extra para hospitales universitarios y becas.