
Alejandra García asumió la presidencia del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) y se convirtió en la primera mujer en conducir la institución desde su creación, hace casi cuarenta años. Reemplaza en el cargo a Ricardo Gil Lavedra.
La ceremonia de renovación de autoridades se desarrolló en la sede central de Avenida Corrientes 1441 y reunió a profesionales y funcionarios, además de familiares y allegados que acompañaron el acto. Entre los presentes estuvieron el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques; el presidente saliente, Ricardo Gil Lavedra; el titular de la Auditoría General de la Nación, Juan Manuel Olmos; los consejeros de la Magistratura por la abogacía Alberto Maques y Jimena de la Torre; y los jueces de Cámara Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky, entre otros representantes del Poder Judicial.
También estuvieron la presidenta del Tribunal Superior de Justicia porteño, Inés Weinberg, junto a los jueces Alicia Ruiz y Santiago Otamendi; la titular del Consejo de la Magistratura de la Ciudad, Karina Leguizamón; la defensora general porteña, Marcela Millán; el fiscal general Martín López Zavaleta; y la defensora del Pueblo, María Rosa Muiños.
García llega a la presidencia tras imponerse en las últimas elecciones, donde obtuvo cerca del 50% de los votos. Durante las gestiones de Gil Lavedra se desempeñó como prosecretaria general y, hasta el viernes pasado, como coordinadora Legal y Técnica.
“El hecho de que hoy una mujer asuma por primera vez la presidencia del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal no puede entenderse como un hecho individual. Es el resultado de un camino construido por muchas abogadas que participaron, trabajaron y sostuvieron espacios dentro del Colegio”, sostuvo al inicio de su exposición.
“La cobertura de vacantes no puede quedar condicionada por las disputas políticas coyunturales. Constituye una obligación vinculada al derecho de la ciudadanía a una justicia eficaz y al funcionamiento regular del sistema judicial”, sentenció García, al tiempo que reclamó, frente a los concursos para cubrir las vacantes, se valore tanto la carrera judicial como la trayectoria de los abogados y abogadas que ejercen la profesión, lo que recibió el inmediato aplauso del público.
“La representación y defensa de intereses legítimos por parte de abogados y abogadas no puede ser confundida con actividades de lobby”, aclaró García, frente al inminente debate parlamentario y anunció que va a dar pelea para que “el proyecto delimite con claridad la actividad de lobby y excluya expresamente de su alcance el ejercicio profesional de la abogacía”.
La flamante presidenta también se refirió a la situación del Poder Judicial: “La Justicia atraviesa una profunda crisis de credibilidad pública. La reconstrucción de la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia exige mucho más que declaraciones".
“La cobertura de vacantes no puede quedar condicionada por las disputas políticas coyunturales. Constituye una obligación vinculada al derecho de la ciudadanía a una justicia eficaz y al funcionamiento regular del sistema judicial”, sentenció García, al tiempo que reclamó, frente a los concursos para cubrir las vacantes, se valore tanto la carrera judicial como la trayectoria de los abogados y abogadas que ejercen la profesión, lo que recibió el inmediato aplauso del público.