19 de May de 2026
Edición 7457
Próxima Actualización: 20/05/2026
El Superior Tribunal de Justicia del Chubut renvió a la Legislatura provincial dos proyectos de ley clave en el marco de la Reforma Judicial 2026.
Las iniciativas buscan modernizar la estructura judicial y agilizar los procesos no penales mediante la creación de una Cámara de Apelaciones Laboral con sede en Trelew y la sanción de un Nuevo Código General de los Procesos no penales, que incorpora la oralidad y el uso de tecnologías.
Según los fundamentos, el aumento sostenido de la litigiosidad laboral, la complejidad de las relaciones de trabajo y la expansión normativa en la materia han generado una sobrecarga en las actuales Cámaras de Apelación Civiles, que deben atender simultáneamente cuestiones civiles, comerciales, laborales y de familia.
En el nuevo Código se fijan plazos perentorios, se promueve la concentración de actos y se exige que las actuaciones y resoluciones judiciales se redacten en lenguaje claro y comprensible, con apoyos para garantizar que las partes comprendan su alcance.
Para resolver esta situación, se propone la creación de una Cámara de Apelaciones Laboral con competencia en todo el territorio provincial y asiento en Trelew, que incluirá tres cargos de juez de cámara.
Esta nueva cámara reemplazará el proyecto de ley N° 110/25, ingresado el 3 de septiembre de 2025, que será retirado de la Legislatura.
Los impulsores destacan que la especialización permitirá mayor celeridad, uniformidad jurisprudencial y una mejor aplicación de los derechos laborales, incluyendo la posibilidad de convocar acuerdos plenarios y dictar fallos plenarios en temas sensibles como cálculos indemnizatorios e índices de actualización.
De esta manera, se busca reducir la brecha entre los derechos reconocidos por las leyes y su ejercicio efectivo, en línea con estándares internacionales.
Esta Cámara, según el proyector, servirá para “reducir la brecha entre los derechos reconocidos por las leyes y su ejercicio pleno y efectivo por parte tanto de empleadores como de trabajadores” ya que “se mejoraría la eficiencia del servicio de justicia, y se evitarían posibles agravios en causas en las que se debaten cuestiones de índole alimentaria”.
El segundo proyecto consiste en un Nuevo Código General de los Procesos no penales para la provincia, un cuerpo normativo de más de 500 artículos elaborado durante varios años por una comisión interpoderes.
Esta iniciativa surge como una “herramienta legal, que aún en su calidad indudablemente innovadora, garantiza la real tutela judicial efectiva desde el efectivo acceso a la justicia, como también, el debido proceso legal entendido y proyectado en sus tres estadíos: al inicio con la presentación del caso, durante el proceso y en la ejecución de la resolución judicial, logrado en tiempo razonable”.
Entre sus principales disposiciones se establece que la jueza o el juez deberá intervenir personalmente en los actos esenciales bajo sanción de nulidad insubsanable, quedando prohibida la delegación. Se priorizará el uso de tecnologías para audiencias virtuales cuando la comparecencia personal resulte imposible.
En el nuevo Código se fijan plazos perentorios, se promueve la concentración de actos y se exige que las actuaciones y resoluciones judiciales se redacten en lenguaje claro y comprensible, con apoyos para garantizar que las partes comprendan su alcance.
El texto también refuerza la transparencia: las actuaciones serán públicas, salvo cuando sea necesario proteger la intimidad, datos sensibles o la seguridad, y las decisiones judiciales deberán ser accesibles a la ciudadanía.