A pocas horas del inicio de la feria judicial, el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz aprobó un esquema de incrementos salariales escalonados para los integrantes del Poder Judicial provincial.
La resolución -suscripta por las vocales Alicia de los Ángeles Mercau, Paula Ernestina Ludueña Campos, Reneé Guadalupe Fernández y Fernando Miguel Basanta- dispuso un aumento del 4% a liquidarse con los haberes de enero y hasta julio, calculado sobre el sueldo básico de las escalas vigentes a diciembre del año pasado. Asimismo, estableció un incremento adicional del 3% para los haberes correspondientes a los meses de agosto a octubre, sobre las escalas vigentes a julio.
El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, también cuestionó duramente el incremento salarial y lo calificó como “un acto de burla y falta de respeto a la sociedad”. Según estimaciones oficiales, la medida implicaría un costo cercano a los 40.000 millones de pesos anuales, con remuneraciones que alcanzarían los 24 millones de pesos.
Sin embargo, tras la decisión y la polémica generada, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Daniel Mariani, ordenó que el Poder Judicial se abstenga de liquidar los aumentos. La medida fue fundada en que la resolución habría sido adoptada “sin la debida integración del Tribunal” y “sin las mayorías requeridas”.
El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, también cuestionó duramente el incremento salarial y lo calificó como “un acto de burla y falta de respeto a la sociedad”. Según estimaciones oficiales, la medida implicaría un costo cercano a los 40.000 millones de pesos anuales, con remuneraciones que alcanzarían los 24 millones de pesos.
“Eso no es Justicia. Es encubrimiento del pasado y bloqueo del futuro”, sostuvo el mandatario en una publicación realizada en sus redes sociales.
En la misma línea, la ministra de la Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci, se sumó a las críticas y remarcó que no se trata de una discusión técnica ni administrativa, sino de una definición política que se contrapone con la realidad económica de la provincia. En ese sentido, advirtió que los autoaumentos representan un costo anual millonario que se financia con recursos que deberían destinarse a áreas prioritarias.
“No se puede naturalizar que un sector del Estado se garantice aumentos automáticos mientras el resto de la provincia realiza un esfuerzo enorme para sostener servicios básicos, empleo y actividad económica. Esto no es un derecho adquirido, es un privilegio”, concluyó.