
El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) expresó su preocupación por la Acordada 11/2026 del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, que introduce nuevos requisitos formales para los recursos de inconstitucionalidad y de queja. La entidad advirtió que las pautas de admisibilidad, extensión y fundamentación impactan directamente en el ejercicio profesional. Señaló que la acordada no aclara las consecuencias del incumplimiento y alertó que un rechazo automático afectaría el acceso a la jurisdicción y la tutela judicial efectiva. Además, cuestionó la competencia del Tribunal para dictar este tipo de reglamentaciones sin diálogo técnico con la abogacía organizada.