12 de May de 2026
Edición 7452
Próxima Actualización: 13/05/2026
La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el recurso de per saltum presentado por el Ejecutivo para que el máximo tribunal resolviera de manera directa y urgente la validez de la Ley 27.802 de Modernización Laboral.
Los ministros Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz coincidieron: “No se observan los requisitos que, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 257 bis del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, habilitan la procedencia de la vía cuya apertura se promueve mediante el recurso por salto de instancia".
La decisión cierra por ahora la vía que había impulsado la Procuración del Tesoro de la Nación el 16 de abril pasado. El Gobierno buscaba que la Corte interviniera, argumentando la “notoria gravedad institucional” del caso.
El origen del conflicto se remonta a las primeras semanas posteriores a la sanción de la norma. Un juez de primera instancia del fuero laboral había declarado la inconstitucionalidad de gran parte de los artículos de la ley a raíz de una causa impulsada por la Confederación General del Trabajo (CGT).
La estrategia buscaba evitar una prolongada incertidumbre jurídica que, según el Ejecutivo, afectaba la implementación de una política económica clave para mejorar la competitividad y la generación de empleo formal
Esa medida cautelar suspendió provisoriamente más de ochenta disposiciones que modificaban aspectos centrales de las relaciones laborales, como las indemnizaciones por despido, el período de prueba, el banco de horas y las limitaciones a las huelgas en servicios esenciales.
Días después, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo otorgó efecto suspensivo a la apelación del Estado. Fue entonces cuando el Gobierno, a través de la Procuración del Tesoro, elevó el per saltum con el objetivo de obtener una definición rápida y definitiva del Máximo Tribunal.
La estrategia buscaba evitar una prolongada incertidumbre jurídica que, según el Ejecutivo, afectaba la implementación de una política económica clave para mejorar la competitividad y la generación de empleo formal. Con el rechazo del recurso, la causa regresa al circuito judicial ordinario.