23 de April de 2026
Edición 7440
Próxima Actualización: 24/04/2026
El Poder Judicial de Río Negro informó que durante 2025 se registraron 1.277 trámites de divorcio en los Juzgados y Unidades Procesales de Familia de la provincia, lo que representa un leve incremento respecto a los 1.240 expedientes iniciados en 2024.
La cifra, elaborada por el Centro de Planificación Estratégica del Superior Tribunal de Justicia, ubica a los divorcios como uno de los procesos más frecuentes dentro de la conflictividad familiar provincial.
De esta manera, 2025 marca una recuperación moderada tras el descenso de la pandemia, aunque sin alcanzar los máximos de 2023.
Los datos corresponden a un relevamiento anual del fuero de Familia y abarcan los 16 organismos judiciales distribuidos en todo el territorio rionegrino, que incluyen sedes en Viedma, General Roca, San Antonio Oeste, Villa Regina, Luis Beltrán, Bariloche, El Bolsón y Cipolletti, entre otras.
Según el informe, el número de 2025 supera al de 2024, pero se mantiene por debajo del pico registrado en 2023, cuando se dictaron 1.529 sentencias de divorcio, la cifra más alta de al menos la última década.
Para contextualizar la tendencia, el informe incluye la evolución de los últimos años: en 2022 se contabilizaron 1.204 divorcios; en 2021, 1.333; en 2020 —año marcado por las restricciones sanitarias—, 910; y en el período 2015-2019 las cifras oscilaron entre 903 y 1.426 casos anuales.
De esta manera, 2025 marca una recuperación moderada tras el descenso de la pandemia, aunque sin alcanzar los máximos de 2023.
En todo el fuero de Familia, durante 2025 se dictaron 11.150 sentencias de finalización (definitivas, interlocutorias, monitorios y homologaciones) y se realizaron 5.975 audiencias, muchas de ellas preliminares o de escucha a niños, niñas y adolescentes.
Además, la magistratura llevó adelante un total de 5.975 audiencias, entre las cuales destacaron las preliminares y las instancias de escucha a niños, niñas y adolescentes.
La gestión se apoyó en la labor de las Oficinas de Tramitación Integral de Familia, modelo que permite reducir la carga administrativa sobre los jueces y juezas para concentrar la tarea en las resoluciones jurisdiccionales.