Sucesiones a la cabeza

Los juzgados y unidades jurisdiccionales civiles del Poder Judicial de Río Negro registraron durante 2025 un total de 2.134 sucesiones sin testamento, que se consolidaron como el trámite más frecuente del fuero y representaron el 30,1% del total de causas ingresadas. 

Esta cifra, que surge del informe anual del Centro de Planificación Estratégica del Superior Tribunal de Justicia, pone de manifiesto la relevancia de estos procesos en la actividad diaria de la justicia civil provincial.

Además de las sucesiones intestadas, los juicios ejecutivos ocuparon el segundo lugar con el 11,9% de las causas, seguidos muy de cerca por las demandas por daños y perjuicios, que alcanzaron el 11,8%. 

Las sucesiones intestadas se tramitan cuando una persona fallece sin haber otorgado testamento. En esos casos, la ley determina el orden de los herederos y la forma en que se distribuyen los bienes del causante. 

Se trata de un procedimiento que, aunque rutinario en muchos aspectos, exige la intervención judicial para la declaratoria de herederos, la liquidación de bienes, el pago de deudas y la posterior adjudicación, lo que genera una carga significativa para los tribunales.

Además de las sucesiones intestadas, los juicios ejecutivos ocuparon el segundo lugar con el 11,9% de las causas, seguidos muy de cerca por las demandas por daños y perjuicios, que alcanzaron el 11,8%. 

En total, el fuero civil provincial recibió 6.748 expedientes nuevos a lo largo del año. La Segunda Circunscripción Judicial, con cabecera en General Roca, concentró la mayor cantidad de ingresos con 2.458 causas. Le siguieron la Cuarta Circunscripción (1.488), la Tercera (1.449) y la Primera (1.353).

El informe también detalló que durante el 2025 se registraron 29.114 movimientos procesales en el fuero civil y se dictaron 4.784 sentencias de finalización, entre definitivas y homologatorias. 

A estas se sumaron 2.460 sentencias monitorias vinculadas a procesos de ejecución, lo que refleja el volumen de trabajo que deben absorber los magistrados y funcionarios civiles.