Supremos a reglamento

Los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Carlos Fernando Rosenkrantz y Ricardo Luis Lorenzetti presentaron este lunes 30 de marzo, en la Sala de Audiencias del Palacio de Justicia, el “Proyecto de Reglamento de Concursos para la Selección de Magistrados”, aprobado mediante la Acordada N° 4/2026 el pasado 25 de marzo. }

El acto, que convocó a un arco amplio de referentes del Poder Judicial y el mundo jurídico, tuvo un dato político que no pasó inadvertido: la presencia del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, quien no había suscripto la acordada. Su asistencia operó como un gesto de unidad institucional frente a las versiones de fisuras internas que se multiplicaron durante los días previos en los pasillos de Comodoro Py, el Congreso y el propio Consejo de la Magistratura.

 “La propuesta que hemos enviado al Consejo busca identificar a los mejores candidatos mediante una estrategia simple: eliminar la discrecionalidad. Y esa estrategia se operativiza mediante varias innovaciones”, dijo Rosenkrantz.

"Nos sentimos obligados a promover la iniciativa en virtud de la necesidad imperiosa de mejorar el procedimiento y ante nuestra comprobación de que ninguno de los proyectos presentados hasta hoy al Consejo, a pesar de que muchos de ellos sugerían reformas muy positivas, han llegado en estos años al Plenario", dijo Rosenkrantz y agregó: "La propuesta que hemos enviado al Consejo busca identificar a los mejores candidatos mediante una estrategia simple: eliminar la discrecionalidad. Y esa estrategia se operativiza mediante varias innovaciones".

"La propuesta que hoy presentamos es sistémica. Como toda propuesta sistémica tiene una lógica interna que puede ser modificada, abierta o subrepticiamente, con la mera alteración de algunos de sus puntos nodales. Por eso, consideramos que el Consejo de la Magistratura debería hacer un esfuerzo para evaluarla, si es posible pronto, y, esperamos, aprobarla, sin modificar sus aspectos centrales. El Consejo tiene hoy en sus manos la posibilidad de hacer que una aspiración institucional fundamental para el país que tiene más de 40 años esa idea sea de ahora en más una realidad", remató el supremo.

Lorenzetti colocó la iniciativa en un contexto más amplio y señaló que el problema no se circunscribe al Consejo de la Magistratura de la Nación: “No se da solo en el Consejo de la Magistratura de la Nación, sino también en muchos procesos de selección en las provincias, donde hemos advertido un deslizamiento progresivo hacia una creciente partidización en la designación de jueces y juezas en todos los niveles”. 

Lorenzetti también señaló que “esta es una propuesta en un momento adecuado, cuando todos pensamos que podemos trabajar en algo común. Es importante, para tener esperanzas y un proyecto en común, hacer un buen diagnóstico, porque si no hacemos una autocrítica de lo que hemos hecho o de la situación actual, no vamos a poder detectar los problemas ni las soluciones. Esta acordada tiene una primera expresión que habla de un déficit estructural. Es importante señalar que existe ese déficit estructural y, como dijo recién el Dr. Rosenkranz, no es algo que haya nacido de nuestra imaginación: es un reclamo que hemos recibido de jueces, juezas, secretarios, secretarias, abogados y abogadas de todo el país. Es un reclamo generalizado e importante, y nosotros, como cabeza de un poder del Estado, tenemos la responsabilidad de dar una respuesta”.

A su vez, colocó la iniciativa en un contexto más amplio y señaló que el problema no se circunscribe al Consejo de la Magistratura de la Nación: “No se da solo en el Consejo de la Magistratura de la Nación, sino también en muchos procesos de selección en las provincias, donde hemos advertido un deslizamiento progresivo hacia una creciente partidización en la designación de jueces y juezas en todos los niveles”. 

Al respecto, fue enfático al describir el diagnóstico: “Se trata de evitar que la selección de jueces y juezas sea algo arbitrario, discrecional, oscuro, que responda a intereses poco claros y que, además, varíe según los cambios políticos del momento”. No fue casual que la acordada dispusiera comunicar el proyecto no solo al Consejo sino también a las Cámaras Nacionales y Federales de todo el país y a los Supremos Tribunales de Justicia de las jurisdicciones provinciales, habilitando que los ejes centrales del modelo sean adoptados con las adecuaciones propias de cada orden constitucional local, tal como lo prevé el artículo 5 de la Constitución Nacional..

Tal como informó Diario Judicial, se trata de una reforma que modifica de manera estructural el sistema de designación de jueces federales, con el objetivo explícito de colocar el mérito y la idoneidad como “vector determinante” de la selección, reforzar la transparencia y reducir drásticamente los márgenes de discrecionalidad.

El nuevo reglamento quedará ahora a consideración del Consejo de la Magistratura, donde ya circulan otros 14 proyectos similares de reforma. El mismo será analizado en reuniones de labor entre los consejeros, para luego pasar a la discusión en la mesa oval.

La propuesta, elevada al Plenario del Consejo de la Magistratura en los términos del artículo 114 de la Constitución Nacional y la ley 24.937 y sus modificatorias, plantea una reorganización integral del proceso de selección de magistrados federales y nacionales. 

En términos concretos, el proyecto reemplaza el examen tradicional consistente en la elaboración de una sentencia por una prueba de oposición en dos etapas: la primera, un cuestionario de 120 preguntas sorteadas de un banco de 2000, con corrección automatizada y sin margen de discrecionalidad en la calificación; la segunda, una evaluación práctica dividida en razonamiento, interpretación de caso cerrado y resolución de caso con elaboración de sentencia. Quien elabora el examen ya no será quien lo corrija: un Comité de Examen diseñará las consignas y un Jurado Evaluador las calificará, para evitar filtraciones y sesgos. 

“La propuesta que hemos enviado al Consejo busca identificar a los mejores candidatos mediante una estrategia simple: eliminar la discrecionalidad”, sostuvo Rosenkrantz durante el acto, y precisó que “esa estrategia se operativiza mediante varias innovaciones”.

Otro de los ejes centrales del proyecto es la inversión de la regla en materia de concursos. Mientras el régimen actual privilegia los concursos especiales y la acumulación discrecional de vacantes, el nuevo modelo establece como regla los concursos anticipados, que deben preverse en un Plan Anual aprobado por la Comisión de Selección y el Plenario. Se permite un máximo de 8 cargos por concurso anticipado y hasta 9 en los especiales. El objetivo declarado es evitar los largos períodos de vacancia en los tribunales y desactivar un mecanismo que, según la propia acordada, “puede ser funcional al favoritismo”. 

En paralelo, se crea un legajo personal digital individual e intransferible, de actualización permanente, como requisito para inscribirse a cualquier concurso, y se establece un sistema informático de anonimato encriptado que sustituye al sobre de papel que hasta hoy garantiza la reserva de identidad de los concursantes. 

La entrevista personal, históricamente señalada como la instancia donde la política podía torcer el orden de mérito, queda limitada a un tope de 20 puntos -equivalente al 10% de la calificación total-, con parámetros predefinidos y transmisión pública por medios audiovisuales. La evaluación de antecedentes, por su parte, deja de premiar el mero paso del tiempo y la antigüedad burocrática para ponderar el rendimiento académico de grado, la formación especializada y los cursos de la Escuela Judicial.

Según la propuesta, se “acota de forma razonable y previsible la incidencia de la entrevista personal, otorgándole un máximo de veinte (20) puntos sobre un total de doscientos (200), distribuidos en pautas tasadas”. El proyecto aprobado mantiene y amplía los concursos anticipados como regla general, implementa un legajo digital único y auditable, y establece un sistema de calificación de antecedentes “rigurosamente tabulado”.

En materia de evaluación técnica, introduce una “doble instancia que garantiza el anonimato absoluto”: una etapa general automatizada, mediante un banco público de preguntas con corrección informática, y una etapa especial de resolución de casos hipotéticos y redacción de sentencias.

“Es necesario que la prueba de oposición escrita garantice a los aspirantes a la magistratura el más absoluto anonimato, evitando así la desconfianza que podría disuadirlos de participar en los concursos”, sostiene el texto.

El nuevo reglamento quedará ahora a consideración del Consejo de la Magistratura, donde ya circulan otros 14 proyectos similares de reforma. El mismo será analizado en reuniones de labor entre los consejeros, para luego pasar a la discusión en la mesa oval.

Respaldo a la iniciativa

La iniciativa recibió el apoyo de distintos espacios. En este sentido, el presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF), Ricardo Gil Lavedra, sostuvo: “Tener jueces y juezas independientes e imparciales es estratégico en una sociedad democrática. El proyecto es un muy buen aporte en ese sentido”.

Finalmente, Gil Lavedra subrayó que “en el contexto actual, fortalecer procesos de selección más transparentes y basados en el mérito, es fundamental para consolidar una justicia independiente e imparcial”.

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires también expresó su beneplácito y afirmó que “el reglamento aportará condiciones de objetividad y transparencia, reduciendo la discrecionalidad en la selección de magistrados, al basarse en criterios prefijados”.

La entidad estimó, asimismo, que la reducción del puntaje otorgado a la entrevista personal “reduce la discrecionalidad y tiene como finalidad que los magistrados designados reúnan las condiciones de idoneidad necesarias para tan altos cargos”. Una postura similar adoptó el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (FORES).