05 de Febrero de 2026
Edición 7391 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 06/02/2026

La Justicia como búnker: ¿Para qué reformamos las leyes si no nos animamos a cambiar la cabeza?

Una mirada crítica sobre el fetichismo normativo y la resistencia cultural del Poder Judicial frente a las transformaciones profundas que exige el derecho contemporáneo. Entre reformas de avanzada y prácticas anacrónicas, el texto interpela a jueces, operadores y facultades de Derecho.

(Google AI Studio)
Por:
Matías
Leandro
Rodríguez
Por:
Matías
Leandro
Rodríguez

Suele decirse que en la Argentina somos fetichistas legales. Creemos, con una ingenuidad que a veces asusta, que la publicación de una ley en el Boletín Oficial tiene poderes mágicos de transformación social inmediata. Pero la realidad del mostrador - esa que habitan quienes de verdad ponen el cuerpo en el sistema - nos devuelve una imagen mucho más cínica: estamos intentando correr una carrera de Fórmula 1 con operadores que todavía se sienten cómodos en una carreta con ruedas de madera. 

 

El sistema castiga al que piensa y premia al que obedece.


No es solo una cuestión de recursos o de falta de personal; es una cuestión de audacia intelectual y de honestidad política. Si en mi artículo anterior planteaba que no nos animamos a pensar, hoy redoblo la apuesta: muchas veces, el sistema castiga al que piensa y premia al que obedece.

Existe un patriarcado cognitivo en los pasillos de los tribunales que se disfraza de "prudencia" para no decir cobardía. Se trata de esa forma de ejercer el poder desde una supuesta neutralidad técnica que no es otra cosa que distancia afectiva frente al dolor ajeno. El Poder Judicial se ha construido históricamente como un búnker diseñado para resistir, no para abrazar. Se resiste a la interdisciplina porque le teme a lo que no puede encasillar en un código; se resiste a la horizontalidad porque necesita el estrado para sentirse importante; y, sobre todo, se resiste a entender que el derecho es una herramienta de cuidado, no una oficina de trámites con sello de oro.
 


Tenemos leyes del siglo XXI, procesos del siglo XX y operadores que, en su formación mental, todavía parecen habitar el siglo XIX.


Hemos tenido reformas legislativas que son envidia del mundo. El Código Civil y Comercial de la Nación nos trajo la democratización de las familias, la autonomía progresiva de las infancias y un baño de realidad constitucional necesario para dejar de mirar el ombligo de la ley y empezar a mirar la cara de la gente. Pero, ¿qué pasa cuando ese Porsche legal cae en manos de una burocracia que lo lee con anteojeras del siglo XIX? El resultado es un anacronismo procedimental que desespera: tenemos leyes del siglo XXI, procesos del siglo XX y operadores que, en su formación mental, todavía parecen habitar el siglo XIX.

Esta disociación se ve con nitidez en escenarios como el de la provincia de Buenos Aires. La Suprema Corte bonaerense ha trazado una hoja de ruta ambiciosa hacia la modernización y la digitalización; sin embargo, el verdadero desafío reside en la necesaria adecuación de las prácticas cotidianas. La tecnología es una herramienta valiosa, pero el cambio estructural requiere, fundamentalmente, una transformación en la cultura organizacional que priorice la tutela judicial efectiva por sobre los rituales del formalismo. 
 


Trasladar la burocracia del papel a la pantalla sin revisar las lógicas de exclusión es solo un cambio de formato, no de paradigma.


La reforma que no incluye una interpelación profunda a la formación de los operadores es, en el mejor de los casos, un ejercicio de cosmética jurídica; y en el peor, una estafa social. No le echemos solo la culpa a la 'familia judicial'; miremos también a las Facultades de Derecho, que siguen fabricando repetidores de artículos en lugar de solucionadores de conflictos con sensibilidad social. Hoy todos los fallos dicen 'atento a la vulnerabilidad detectada...'. Se ha vuelto una muletilla, un hashtag judicial para quedar bien con la corrección política del momento. Pero la vulnerabilidad no es una etiqueta para decorar una sentencia; es un grito que exige respuestas rápidas y, sobre todo, entendibles. La verdadera democratización de la justicia no pasa por la simple migración del soporte físico al digital. 

Trasladar la burocracia del papel a la pantalla sin revisar las lógicas de exclusión es solo un cambio de formato, no de paradigma. Cambiar el expediente por el dato electrónico sin humanizar la mirada es apenas una actualización estética de nuestra propia ineficacia.

Todo lo que no sea eso es solo cosmética procesal. Ya es hora de decidir si vamos a seguir siendo los escribas de una justicia aséptica que mira el mundo por la ventana, o si vamos a romper los cristales del despacho para que el Derecho deje de ser un fetiche de biblioteca y se convierta, por fin, en una herramienta de libertad. Seamos honestos: una justicia que no se despeina frente a la injusticia no es justicia, es burocracia con ínfulas de majestad. Si nuestra mayor preocupación sigue siendo la prolijidad del cargo y no el hambre de derechos de quienes esperan afuera, entonces el fracaso no es del sistema, es nuestro.

El Derecho se milita en la vulnerabilidad del territorio o se convierte en el lenguaje refinado de nuestra propia indiferencia


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