Se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires la creación del Servicio Penitenciario y de Reintegración Social de la Ciudad, un nuevo organismo que reemplazará gradualmente la intervención del Servicio Penitenciario Federal (SPF) para la custodia y tratamiento de personas detenidas por la Justicia porteña.
La normativa, aprobada por la Legislatura en noviembre del año pasado, crea un organismo civil y especializado que dependerá del Ministerio de Justicia de la Ciudad y actuará como auxiliar del Poder Judicial.
Con respecto a la Ley de Ejecución de la Pena, esta permitirá a la Ciudad asumir por primera vez esa competencia plena, su finalidad principal es que el condenado comprenda la gravedad de sus actos, respete la ley y logre la reintegración social.
Su rol incluirá la custodia, guarda, trato y tratamiento de quienes están privados de libertad bajo jurisdicción porteña, así como la atención de personas que cumplan penas no privativas de libertad o medidas alternativas dictadas por los juzgados locales.
La nueva estructura contempla una Dirección General, una Subdirección General y diversas direcciones especializadas en seguridad penitenciaria, diagnóstico, tratamiento y plan de vida, y recursos humanos, entre otras áreas.
Esta arquitectura busca combinar las tareas de custodia con programas de educación, asistencia, salud y trabajo orientados a la reintegración social de los internos.
La legislación también establece la formación de dos tipos de agentes: por un lado, los Agentes de Seguridad Penitenciaria, una fuerza civil armada enfocada en la custodia con capacitación específica.
Por otro, los Agentes de Reintegración Social, integrados por profesionales y técnicos que trabajarán en el tratamiento progresivo, educación y acompañamiento familiar de las personas privadas de libertad.
Un aspecto central de la normativa es el denominado “Plan de Vida”, un conjunto de objetivos y compromisos acordados con cada persona detenida para facilitar su reinserción social, que incluye acceso a programas de capacitación, educación y salud.
Con respecto a la Ley de Ejecución de la Pena, esta permitirá a la Ciudad asumir por primera vez esa competencia plena, su finalidad principal es que el condenado comprenda la gravedad de sus actos, respete la ley y logre la reintegración social.
La normativa introduce innovaciones que le reconocen a la víctima el derecho a la reparación por parte de quien haya cometido el delito.