Las comisiones de Justicia y de Seguridad de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires -en una reunión conjunta- comenzarán a tratar el proyecto de Ley de Ejecución de Penas Privativas de la Libertad.
El texto, impulsado por el Ejecutivo porteño, determina que la normativa se aplicará a las personas que se encuentren privadas de su libertad, a disposición de los jueces con competencia ordinaria y con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tanto a imputados como a condenados, y establece condiciones particulares para su aplicación respecto de jóvenes adultos, mujeres, madres, y niños que convivan con ellas.
La iniciativa surgió del trabajo colaborativo llevado a cabo por la “Comisión para la Redacción del Proyecto de Ley de Ejecución de las Penas Privativas de la Libertad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, que fue presidida por el Secretario de Justicia de la Ciudad y conformada por representantes del Ministerio Público de la Defensa, del Ministerio Público Fiscal, del Ministerio Público Tutelar, del Consejo de la Magistratura, de las Asociaciones de Magistrados de la Ciudad, así como por juristas y académicos invitados.
Mientras comienza el debate parlamentario, el ministro de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Gabino Tapia, el secretario de Justicia, Francisco Quintana y el sub secretario de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios, Leandro Halperín se encontraron con jueces porteños para debatir sobre el texto.
“La aprobación de la Ley de Ejecución de Penas Privativas de la Libertad para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires representa un paso fundamental en la consolidación de un sistema penitenciario moderno, eficiente y acorde a los estándares internacionales de derechos humanos. Esta normativa no solo fortalecerá el control judicial en la etapa de ejecución de la pena, garantizando el respeto a la dignidad y los derechos de las personas privadas de su libertad, sino que también dotará a la Ciudad de herramientas jurídicas propias para gestionar de manera más efectiva la reinserción social de los condenados”, señala la iniciativa en sus fundamentos.
Mientras comienza el debate parlamentario, el ministro de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Gabino Tapia, el secretario de Justicia, Francisco Quintana y el sub secretario de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios, Leandro Halperín se encontraron con jueces porteños para debatir sobre el texto.
Durante el encuentro, Quintana remarcó que "es una iniciativa que es prioridad para el Jefe de Gobierno, tanto es así que formó parte de los anuncios en el discurso de apertura del periodo ordinario de sesiones el primero de marzo pasado" y agregó que el “debate que va a girar en torno no solo de la iniciativa del Ejecutivo, sino de las iniciativas presentadas por el resto de los bloques,(…) nos parecía valioso generar esta instancia previa con ustedes para no solo compartir los grandes lineamientos de la iniciativa del Ejecutivo, sino también, sobre todas las cosas, quedar abiertos a escuchar sus propuestas, sus sugerencias y obviamente sus críticas”.
Por su parte, Tapia concluyó que “son herramientas para poder terminar e ir avanzando en la transferencia de esas competencias que todavía nos quedan pendientes que estamos en una mesa de trabajo con Nación”.